Da la impresión que el caso de las vacunas falsas va rumbo al archivo judicial y a pasar al anecdotario manabita de impunidad.

Se solicita a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, su intervención para evitar que este caso, en el que fue burlada la fe pública, quede impune. Además, se solicita a los ciudadanos que recibieron la falsa vacuna, hayan pagado o no; se hayan enfermado o no, colaborar con la justicia.

Es indignante que la Fiscalía retire la acusación porque ningún vacunado se enfermó y porque no hay facturas que demuestren una estafa de por medio.

«Estos hechos hacen que se desconfíe de la justicia».

¿En dónde queda el delito de haberse arrogado la función de vacunación que es de competencia exclusiva del Estado? ¿En dónde queda el engaño al haber generado a los vacunados una falsa sensación de seguridad sanitaria, lo que los pudo haber expuesto al contagio del Covid a ellos y a las demás personas con las que interactuaron? ¿En dónde queda el haber mal usado la marca patentada del laboratorio de la supuesta vacuna aplicada?

Es frustrante que la Fiscalía no acuse luego de que la Policía hizo un trabajo destacado al desarticular la banda implicada en este delito.

Si la Fiscalía no acusó, los jueces pudieron tomar la posta en el proceso.
De quedar este sonado caso en la impunidad, la ciudadanía tendrá una razón más para desconfiar del sistema judicial.

Editorial de El Diario publicado este domingo 16 de enero del 2022 en nuestra edición impresa.