La solicitud de juicio político contra el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Gonzalo Albán, junto con la presentada contra la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, esperan la calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Este consejo analizará si ambos procesos cumplen los requisitos legales para avanzar.

El CAL tiene previsto reunirse este viernes 01 de agosto del 2025 para abordar la primera solicitud contra Gonzalo Albán, impulsada por la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN). La iniciativa del asambleísta Keevin Gallardo cuenta con al menos 44 firmas de respaldo y acusa al vocal de infringir la ley por mantener una afiliación política en los cinco años anteriores a su elección. Según la norma, Albán no debió estar afiliado a ningún partido en ese lapso para poder ser candidato al Consejo.

Juicio político contra Gonzalo Albán

El juicio político contra Gonzalo Albán, promovido por Kevin Gallardo, se basa en un voto salvado emitido por la jueza Patricia Guaicha Rivera del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). En ese voto, la jueza concluye que Albán no desvirtuó la prohibición de ser afiliado a una organización política en los últimos cinco años. La certificación oficial solo mostraba que Albán no figuraba como director ni cargo público en ningún partido, pero omitía información sobre su filiación política real. De esta omisión surge la acusación que ahora enfrenta.

Albán afirmó que la Asamblea Nacional no debería sentar su control político sobre sentencias ya definidas por el TCE, pues ese tribunal tiene última instancia. Aseguró que la decisión del TCE revocó las resoluciones del Consejo Nacional Electoral y permitió su postulación de manera legítima. Además, Albán denunció que la inscripción irregular de ciudadanos en partidos políticos con firmas falsificadas es un hecho documentado en la sentencia. Resaltó que nunca estuvo afiliado a ningún partido.

Acusaciones y defensa de Albán

El consejero cuestionó que este juicio político se base en un voto salvado y no en la sentencia definitiva del TCE, que es inapelable. Considera absurdo que se intente revisar una decisión firme de una institución electoral, pues ello genera incertidumbre jurídica. Según Albán, la acción responde más a intereses políticos que legales, y espera que el CAL califique la solicitud con rigor y apego a la ley.

La bancada oficialista ADN reúne las firmas necesarias para presentar formalmente el juicio político ante el CAL. Si el proceso avanza, podría pasar a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para su trámite. Luego se necesitarán 77 votos en el Pleno de la Asamblea para lograr la censura y destitución del consejero Albán. Este escenario ha generado expectativa dada la mayoría parlamentaria de ADN, pero también debates sobre el respeto a la autonomía del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Investigación y juicio político contra ministra Inés Manzano

En paralelo, el juicio político contra la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano Díaz, ingresó a la secretaría de la Asamblea Nacional el 31 de julio del 2025. La iniciativa parte de los legisladores de la bancada Revolución Ciudadana (RC) quienes acusan a Manzano de incumplimiento de funciones en la contratación de la empresa Progen. Este contrato para construir las centrales El Salitral (100 MW) y Quevedo (50 MW) habría tenido irregularidades detectadas por la Contraloría del Estado.

Los legisladores Juan Andrés González, Lenin Barreto y Blasco Luna sostienen que Manzano debe ser destituida y censurada por responsabilidad política en este caso. El informe de la Contraloría revela indicios de responsabilidad penal y cuestiona los procesos contractuales realizados en medio de la emergencia del sector eléctrico. También se critica la contratación vinculada a ATM para levantar la planta Esmeraldas III (91 MW).

Contexto de los contratos y consecuencias

Los contratos con Progen y ATM fueron suscritos durante la declaratoria de emergencia del sector eléctrico en agosto de 2024. El caso pone en tela de juicio la gestión de la ministra Manzano y los procedimientos de contratación adoptados en ese contexto. La bancada RC ha tomado el informe de la Contraloría como prueba principal para fundamentar la acusación, la cual podría derivar en sanciones políticas y administrativas.

La Asamblea Nacional deberá evaluar estos dos juicios políticos, cada uno con implicaciones significativas y distintas responsabilidades.