El acueducto La Esperanza, vital para el suministro de agua cruda en ocho cantones de Manabí, enfrenta una crisis sin precedentes. El 4 de abril de 2025, el Ministerio del Agua lo declaró zona de seguridad hidráulica para combatir el uso indebido de recursos hídricos. Esta medida busca controlar las 1,600 conexiones irregulares detectadas en 160 de las 220 válvulas del sistema, que afectan el abastecimiento de 500,000 habitantes.

La infraestructura, operada por la Refinería del Pacífico en liquidación, sufre daños recurrentes que agravan la situación. Carlos Wong, liquidador de la empresa, alertó sobre la fragilidad del sistema y la necesidad de acciones urgentes.

En menos de un mes, el acueducto  La Esperanza -RDP registró tres roturas en su tubería de 94 kilómetros. La última ocurrió en Tosagua, a solo 100 metros de otro daño en Botija Afuera. Aunque las reparaciones concluyeron, un cuarto desperfecto potencial mantiene en vilo el bombeo de agua. Los incidentes, atribuidos a suelos saturados por filtraciones, afectan a cantones como Manta, Montecristi y Jaramijó.

Puntos críticos en el acueducto La Esperanza

Las autoridades identificaron 10 puntos críticos entre Junín, Tosagua y Rocafuerte, donde la estabilidad del terreno está comprometida. La declaratoria de zona de seguridad hidráulica otorga mayor control para sancionar tomas clandestinas y regular construcciones ilegales.

Las albarradas, reservorios construidos sin permisos, son un factor clave en la crisis. Según la Refinería del Pacífico, existen 597 albarradas a lo largo del acueducto, de las cuales más del 50% carecen de geomembranas para evitar filtraciones. 

Rocafuerte concentra 416 reservorios, 305 sin protección, seguido por Jaramijó con 104 y Junín con 86. Estas estructuras almacenan 830,000 metros cúbicos de agua, pero su impacto desestabiliza el suelo, aumentando el riesgo de roturas. Las filtraciones, especialmente en lomas de Junín y Tosagua, amenazan la infraestructura que costó 334 millones de dólares.

Faltan recursos para mantenimiento

La Refinería del Pacífico, en proceso de liquidación desde 2019, enfrenta serios problemas financieros. El acueducto La Esperanza, operativo desde 2017, no recibe mantenimiento integral por falta de fondos. De las seis bombas del sistema, solo dos funcionan, lo que limita su capacidad para abastecer a 500,000 personas. Los municipios de Manta, Montecristi y Jaramijó aportan 90,000 dólares mensuales por el transporte de agua, y 45 agricultores pagan tarifas, pero estos ingresos no cubren los 600,000 dólares necesarios para un mantenimiento adecuado. En 2022, se aprobó un presupuesto para reparaciones, pero los recursos nunca llegaron.

El sistema de tarifas busca regular el uso del agua cruda. Manta, Montecristi y Jaramijó pagan 0.32 dólares por metro cúbico, mientras que los agricultores abonan entre 0.32 y 0.50 dólares según el volumen. Sin embargo, las conexiones ilegales, que benefician a unos 12,000 agricultores, generan desabastecimiento. 

Desde 2017, el acueducto ha transportado 40 millones de metros cúbicos de agua a los tres cantones principales, pero las tomas clandestinas reducen el flujo hacia las plantas potabilizadoras. La regularización de usuarios avanza lentamente, con solo 45 agricultores en convenio.

Controles y servicio regulado 

La declaratoria de zona de seguridad hidráulica obliga a instituciones como la Gobernación de Manabí, el Ministerio del Ambiente y los municipios de 8 cantones a coordinar acciones. Mesas técnicas deben coordinar estrategias  para controlar las conexiones ilegales y sancionar la construcción de albarradas sin permisos. 

En marzo de 2025, un deslizamiento de tierra en Junín dejó sin agua a 300,000 personas. Petroecuador y equipos técnicos trabajaron en las reparaciones, pero la falta de mantenimiento preventivo agrava los riesgos. Las autoridades buscan financiamiento para evitar un colapso total. 

La declaratoria de zona de seguridad hidráulica representa un paso hacia la regulación, pero necesita financiamiento y cooperación interinstitucional.

Antecedentes del acueducto La Esperanza

La Refinería del Pacífico, creada para procesar 300,000 barriles de petróleo diarios, nunca se construyó y dejó un legado de deudas. Petroecuador, con el 51% de las acciones, y PDVSA, con el 49%, no aportaron los fondos necesarios para sostener el acueducto. Construido por Odebrecht en 2014 por 334 millones de dólares, el sistema está subutilizado, operando al 22% de su capacidad.

 La Contraloría señaló en 2020 irregularidades como falta de seguros y mantenimiento nulo, problemas que persisten. La liquidación, iniciada en 2019, podría extenderse por años.

Los habitantes de Manabí enfrentan las consecuencias de esta crisis. En Jaramijó, el 100% del suministro depende del acueducto. Montecristi, con el 100% de su abastecimiento ligado al sistema, reporta interrupciones constantes desde hace más de un mes. 

Manta, menos afectada por contar con fuentes alternativas como la planta Colorado, mitiga el impacto, pero aún enfrenta desabastecimiento en zonas altas. Los ciudadanos recurren a tanqueros, pagando hasta 1.50 dólares por tanque, lo que afecta los presupuestos familiares.