La morosidad en el pago de pensiones, con atrasos de hasta cuatro meses, afecta al 10% de los padres en colegios privados de Ecuador, según el informe “Educación en Cifras” presentado por la fintech Mattilda en Guayaquil. Este problema, que limita la inversión en infraestructura y desarrollo educativo, fue identificado en 173 planteles ecuatorianos, parte de un estudio que abarca 950 instituciones en México, Colombia y Ecuador.
El informe, elaborado por Mattilda, destaca que la morosidad mensual promedio en los tres países es del 6%, aunque en colegios con pensiones menores a $100 puede alcanzar el 20%. José Tena, representante de Mattilda Ecuador, señaló que este fenómeno, junto con la operación al 60% de la capacidad instalada y una deserción estudiantil del 50% por motivos económicos, son los principales retos financieros de los planteles privados.
De acuerdo con Diario El Universo, Kevin Lucón, de la Unidad Educativa Antonio José de Sucre, confirmó que los atrasos son comunes y que el Ministerio de Educación permite hasta cuatro meses de demora. Esto obliga a los colegios a buscar estrategias para recuperar pagos.
Un problema que se arrastra desde la pandemia
Según Primicias, la situación se agravó por regulaciones como la Ley Humanitaria. Es decir, permitió a los padres diferir pagos hasta seis meses durante la pandemia, fomentando, según Fedepal, una “cultura del incumplimiento”. Esta ley también garantizó cupos en escuelas públicas. Esto llevó a 121.300 estudiantes a migrar del sistema privado al público en el ciclo Costa 2025.
Sin embargo, no estableció mecanismos para recuperar deudas, dejando a los colegios sin herramientas legales para exigir pagos. Fedepal añadió que las rebajas de hasta el 25% en pensiones, aplicadas según la situación económica de las familias, fueron una práctica común pero insuficiente.
Prohibición de suspender a estudiantes
La Ley de Educación de 2015, reformada bajo el gobierno de Rafael Correa, prohíbe suspender a estudiantes por falta de pago. Esto ha generado casos de alumnos que acumulan deudas en múltiples colegios. Según el artículo 140, se prohíbe a las instituciones educativas particulares y fiscomisionales “conculcar el derecho a la educación de los estudiantes por atraso o falta de pago de matrícula o pensiones por parte de sus representantes legales”.
Mattilda propone soluciones tecnológicas, como procesos automatizados y múltiples métodos de pago, para reducir la morosidad y apoyar la gestión financiera de los colegios. Sin embargo, las federaciones insisten en que, sin acciones estatales que protejan a las instituciones privadas, la sostenibilidad del sector seguirá en riesgo.
