A partir de una nueva norma temporal publicada este lunes, el gobierno estadounidense exigirá fianzas de 5.000, 10.000 o 15.000 dólares para visados B-1 (negocios) y B-2 (turismo), dirigidas a ciudadanos de países con altos índices de estadías ilegales. La medida, que se implementará como un programa piloto de 12 meses, busca frenar el fenómeno de permanencias prolongadas y mejorar el control migratorio.

Estados Unidos endurece controles a viajeros con nuevas fianzas

El Departamento de Estado de EE. UU. anunció que la exigencia de estas fianzas aplicará a ciudadanos de países aún no detallados oficialmente, aunque la norma se basa en listados anteriores, como el de 2020, que incluyó a 23 naciones con altos niveles de incumplimiento de los plazos de visa. La medida también afectará a países que ofrecen ciudadanía por inversión sin requisitos de residencia y donde se ha detectado una verificación inadecuada de los solicitantes.

Durante el anuncio, se aclaró que no habrá posibilidad de solicitar exenciones a esta regla, salvo en circunstancias humanitarias urgentes u otros casos limitados, evaluados por los funcionarios migratorios.

¿Cómo funcionará el sistema de fianzas?

Los viajeros que deban pagar la fianza deberán ingresar y salir de Estados Unidos únicamente por aeropuertos designados, que serán informados por el Departamento de Estado en una etapa posterior. Al regresar a sus países dentro del tiempo permitido por su visado, se les reembolsará el 100% del depósito.

Esta política migratoria retoma una iniciativa presentada en 2020 durante la administración Trump, que no llegó a aplicarse por la crisis sanitaria del COVID-19. Entre los países originalmente contemplados estaban: Afganistán, Angola, Chad, Irán, Siria, Yemen, entre otros.

Según el Departamento de Estado, este plan es un “pilar fundamental” de la estrategia para proteger al país de los riesgos asociados a estancias prolongadas sin visado y a procesos de verificación ineficaces por parte de otros Estados.

Cifras que respaldan la medida

Un informe del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. reveló que en 2023 se registraron más de 314.000 casos de viajeros que excedieron la duración permitida por sus visados B-1 o B-2. Esta cifra ha sido clave para justificar la necesidad de nuevas medidas de control, según fuentes oficiales.

Erik Hansen, vicepresidente senior de relaciones gubernamentales de la Asociación de Viajes de Estados Unidos, señaló que, aunque el alcance del programa parece limitado, podría tener impactos considerables en los países con volúmenes bajos de viajes hacia EE. UU.

Reacciones y posibles efectos

Desde el sector turístico se advierte que la política podría desincentivar el turismo internacional, especialmente desde naciones con menos recursos económicos. Sin embargo, Hansen también subrayó que el equilibrio entre la seguridad nacional y el valor económico del turismo extranjero debe mantenerse.

Estados Unidos ha reiterado que su intención no es limitar el ingreso de visitantes legítimos, sino establecer controles más estrictos para evitar que quienes ingresan legalmente abusen del sistema migratorio.

Expectativa por la lista oficial de países afectados con las fianzas

Aunque no se ha publicado el listado definitivo de naciones sujetas a esta medida, se espera que el Departamento de Estado retome o adapte el listado de 2020. La expectativa crece en países latinoamericanos, africanos y asiáticos que en ocasiones anteriores fueron incluidos por sus altos índices de incumplimiento migratorio.

El gobierno federal no ha detallado si se realizarán ajustes progresivos al programa piloto, ni qué indicadores se utilizarán para evaluar su eficacia al concluir el periodo de prueba de 12 meses.