El gobierno de Donald Trump presentó un recurso ante el Tribunal Supremo para restablecer su orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.
El presidente Trump ha solicitado al Tribunal Supremo que restablezca su orden ejecutiva para poner fin a la ciudadanía por nacimiento para hijos de migrantes. La petición se da luego de que varios tribunales inferiores bloquearan la medida, argumentando su posible inconstitucionalidad.
Restricciones judiciales y el argumento del gobierno ante la ciudadanía por nacimiento
La Administración Trump sostiene que las cortes han excedido su autoridad al imponer órdenes judiciales nacionales contra su política. Por ello, solicita al Supremo que limite los efectos de estas decisiones a los estados o personas directamente involucradas en las demandas.
La fiscal general interina, Sarah Harris, criticó las decisiones de los tribunales inferiores, afirmando que han prohibido la aplicación del decreto que elimina el derecho de ciudadanía por nacimiento a “cientos de miles de personas no identificadas“. Además, el Departamento de Justicia ha pedido al Supremo que permita emitir una guía sobre cómo implementar la medida en caso de que prospere.
Bloqueo judicial y antecedentes legales
El decreto ha enfrentado múltiples demandas en todo el país, lo que ha resultado en su suspensión por parte de diversos tribunales. Recientemente, un tribunal de apelaciones ratificó la decisión de mantener la prohibición, lo que llevó a la Casa Blanca a recurrir a la instancia máxima del Poder Judicial.
El Tribunal Supremo ya ha fallado en varias ocasiones a favor del derecho a la ciudadanía por nacimiento. Asimismo, el Congreso de EE.UU. aprobó una legislación en 1868 que garantiza este derecho, respaldado por la Decimocuarta Enmienda.
Lo que sigue en el proceso
El Tribunal Supremo debe ahora decidir si revisa el caso y permite la aplicación parcial de la orden ejecutiva. Mientras tanto, la ciudadanía por nacimiento sigue protegida por la legislación vigente.
JLG
