La Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa y publicada hace menos de una semana en el Registro Oficial, enfrenta al menos dos demandas de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte Constitucional.

Las acciones, interpuestas por la abogada Patricia Borja y la Fundación Inredh, cuestionan tanto el procedimiento de aprobación de la norma como sus disposiciones. Estas incluyen la venta de créditos en mora del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) y la designación directa de un vocal del Consejo Directivo del IESS por parte del Ejecutivo.

Demandas contra la ley

La primera acción de inconstitucionalidad, presentada por Patricia Borja, se centra en la forma en que la Asamblea Nacional, controlada por una mayoría oficialista, aprobó la norma. Borja argumenta que el proceso legislativo incumplió principios constitucionales. Sin embargo, los vicios específicos en su demanda no se han detallado públicamente.

Por su parte, la Fundación Inredh cuestiona el contenido de la ley, particularmente las reformas que permiten al Biess vender créditos en mora —hipotecarios, quirografarios y prendarios— a entidades privadas y la prenda del portafolio de inversiones. Según Inredh, estas medidas comprometen el patrimonio del sistema de seguridad social, afectando a afiliados y jubilados.

Reformas controvertidas

La nueva ley otorga al Biess la facultad de transferir a privados los créditos no pagados a tiempo. Esta es una medida que busca mejorar la liquidez de la institución, pero ha generado críticas por el impacto potencial en los deudores. Además, permite que el Ejecutivo designe directamente al vocal del Consejo Directivo del IESS, eliminando la intervención de la Asamblea Nacional en el proceso.

Inredh sostiene que esta disposición vulnera los principios de transparencia y participación ciudadana. Esto ocurre al suprimir un mecanismo de control que garantizaba pluralidad en la toma de decisiones. La norma también establece que el costo de las elecciones de los vocales restantes del Consejo Directivo será cubierto por el presupuesto del IESS.

Contexto de cuestionamientos legales