La Cancillería de Colombia informó que el Gobierno de Ecuador comunicó su decisión de comenzar la deportación de presos colombianos detenidos en centros penitenciarios ecuatorianos. Esta medida responde a una iniciativa del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, presentada en febrero de 2024, destinada a mitigar el hacinamiento en las cárceles del país. Según la información proporcionada, Ecuador propuso que Colombia asuma la responsabilidad de aproximadamente 1.500 presos colombianos que cumplen sentencias ejecutoriadas en sus prisiones.
Alcance de la deportación
Aunque el Gobierno colombiano no ha confirmado una cifra exacta, medios locales estiman que en las próximas semanas podrían ser deportados alrededor de 800 reclusos. Entre los delitos por los que estos presos fueron condenados se incluyen terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, homicidio, abuso sexual, secuestro y hurto. Muchos de estos reclusos no han cumplido al menos el 50 % de sus condenas, las cuales deberán completar en centros de detención en Colombia una vez trasladados.
Gestión diplomática del traslado
La Cancillería colombiana señaló que está trabajando a través de canales diplomáticos para establecer un procedimiento que garantice condiciones dignas durante el traslado de los connacionales. En un comunicado oficial, la entidad destacó que las gestiones se realizan en el marco del ordenamiento jurídico y respetando los principios de seguridad, orden y regularidad que rigen las políticas migratorias. Además, se solicitó que cada caso sea revisado de manera individual para asegurar un proceso justo y transparente.
Contexto de la crisis carcelaria
La decisión de Ecuador de deportar presos extranjeros se enmarca en una crisis penitenciaria que ha afectado al país en los últimos años. Según un informe de la Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), entre 2020 y 2024, al menos 591 personas fallecieron en cárceles ecuatorianas debido a episodios de violencia, incluyendo 37 muertes en 2024. La sobrepoblación y la presencia de grupos de crimen organizado han complicado la gestión de los centros penitenciarios. En respuesta, el presidente Noboa decretó un estado de emergencia el 2 de enero de 2025 en varias provincias, incluyendo Guayas, para abordar la violencia y el control de grupos armados.
Impacto en Colombia
La deportación de 800 presos representa un desafío para el sistema penitenciario colombiano, que también enfrenta problemas de hacinamiento. La Cancillería no ha detallado cómo se gestionará la reintegración de estos reclusos ni si existen planes específicos para su recepción. La medida ha generado preocupación en algunos sectores, ya que muchos de los deportados fueron condenados por delitos graves, lo que podría tener implicaciones para la seguridad pública en Colombia.
Cooperación bilateral
Además, la relación entre Colombia y Ecuador ha sido históricamente de cooperación en temas migratorios y de seguridad. Desde 2005, ambos países mantienen un acuerdo de retorno de migrantes, que incluye la deportación de ciudadanos en situación irregular. En 2024, Ecuador deportó a 124,023 personas, un aumento significativo respecto a los 22,936 de 2022, según datos de la organización 1800 Migrante. La Cancillería colombiana subrayó que las negociaciones actuales buscan garantizar que el traslado de los presos se realice bajo estándares internacionales de derechos humanos.
Próximos pasos
Sin embargo, el proceso de deportación comenzará en las próximas semanas, con la llegada de los primeros reclusos a Colombia. Las autoridades colombianas han enfatizado que continuarán las gestiones diplomáticas para coordinar el traslado y asegurar que se cumplan las condiciones establecidas. No se ha especificado un cronograma exacto, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha comprometido su esfuerzo para garantizar un procedimiento ordenado (26)
