La ministra de Economía de Ecuador, Sahira Moya, alertó que la paralización de los oleoductos SOTE y OCP junto con la reducción de la producción petrolera podrían causar una pérdida económica de entre $400 y $500 millones solo en julio del 2025. Este impacto negativo afecta directamente las finanzas públicas y pone en riesgo la estabilidad económica del país. El gobierno trabaja para revertir esta situación a la brevedad, buscando alternativas que compensen las pérdidas ocasionadas por esta crisis.
En este contexto, el Ejecutivo bajo la administración de Daniel Noboa coordina con el Ministerio de Energía y Minas una inversión tecnológica dirigida a aumentar la producción petrolera en los próximos meses. Según la ministra Moya, el objetivo consiste en que, una vez normalizado el funcionamiento del sector petrolero, se logre un incremento en la producción que permita equilibrar las pérdidas recientes. Esta acción busca asegurar la sostenibilidad del sector y la economía nacional ante las interrupciones causadas por eventos naturales.
Ecuador: reactivación de oleoductos y medidas gubernamentales
La vocera presidencial Carolina Jaramillo informó que el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) retomará sus operaciones desde el 23 de julio, mientras que el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) volverá a operar el 26 del mismo mes. Estas fechas dependerán del avance en las obras y las condiciones climáticas, tras haber sufrido daños por intensas lluvias y erosión que detuvieron el bombeo de crudo desde el 1 de julio. Las autoridades ejecutan obras de reparación que incluyen la construcción de variantes en la provincia de Napo con una inversión cercana a los 2 millones de dólares.
Además de la reactivación física de la infraestructura, el Gobierno de Ecuador ha instrumentado mecanismos legales como la Ley de Integridad Pública para implementar un sistema de cobertura petrolera conocido como hedging. Este seguro petrolero mitiga el impacto de las fluctuaciones en el precio del crudo sobre las finanzas públicas, reduciendo la exposición de la economía nacional ante choques externos en el mercado petrolero. Esta estrategia fortalece la estabilidad financiera del país frente a eventuales crisis.
Protección social y enfoque económico
La ministra Moya destacó que, pese a la crisis petrolera, el gobierno ha asignado más de $1.000 millones en programas de protección social e inserción económica. El plan económico nacional mantiene su enfoque en un crecimiento sostenido que contemple la protección de los sectores más vulnerables de la población. La crisis no desvía el compromiso gubernamental con el bienestar social y el desarrollo económico inclusivo.
