El Ministerio de Energía y Minas (MEM) intensifica su labor de fiscalización en el sector, poniendo bajo la lupa a más de 240 concesiones de mediana y gran minería. Estas concesiones, con inversiones comprometidas que superan los $4.800 millones, aún no han concretado sus proyectos. La inacción en estas áreas ha generado preocupación en el Ejecutivo, marcando una prioridad en la agenda de desarrollo minero nacional.

Esta supervisión a las concesiones de minería representa el pilar fundamental en la decisión gubernamental de implementar una nueva tasa de fiscalización. Esta medida busca recaudar alrededor de $100 millones en 2025 y $200 millones el próximo año. Así lo afirmó Javier Subía, viceministro de Minas, a diario El Universo.

Fortalecimiento del control a la minería y combate a la ilegalidad

Los recursos generados por esta tasa de fiscalización a la minería se destinarán directamente a fortalecer las capacidades operativas de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). Este fortalecimiento permitirá mejorar significativamente el control sobre las operaciones mineras y, crucialmente, combatir de manera más efectiva la extracción ilegal de minerales. La minería responsable es un objetivo claro.

La tasa de fiscalización para la minería se calculará con base en un porcentaje del salario básico por cada hectárea de concesión. Los porcentajes varían según el tipo de régimen minero al que pertenezca la concesión. El cobro de esta nueva tasa, fundamental para el desarrollo minero, comenzará en julio, marcando un hito en la gestión del sector.

Concesiones inactivas: un foco de preocupación

Respecto a las 240 concesiones de minería que presentan presuntas anomalías, el viceministro Subía aclaró que estas se otorgaron antes del cierre del catastro minero en 2018. Estos territorios permanecen sin ser explorados, lo que, según Subía, crea un ambiente propicio para la presencia de actividades ilegales. La falta de exploración representa un desafío importante.

El viceministro Subía enfatizó: “Son producto de las negociaciones de las rondas mineras, de las peticiones y todo aquello que se dio en forma totalmente normal. Aquellos que ganaron (las concesiones) tienen estos territorios directamente sin ser explorados, no han pasado a la etapa de exploración avanzada, no hay perforaciones y nosotros no tenemos forma de controlarlo. Y muchos de esos territorios, luego la siguiente etapa es que los ilegales entran”, precisó.

Reversión de concesiones y nueva oportunidad para la inversión

Las millonarias inversiones previstas en la minería debieron ejecutarse durante los últimos ocho años. “Actualmente, todas estas concesiones de mediana y gran minería deberían estar a punto, uno o dos años más, de pasar a la siguiente fase, que es la de evaluación económica”, señaló Subía, destacando el retraso significativo.

Subía indicó que el análisis se realizará caso por caso, requiriendo el desplazamiento de técnicos de la Arcom a los sitios de las concesiones de minería. Advirtió que el incumplimiento de las inversiones comprometidas constituye una causal para la reversión de las concesiones, un paso firme hacia la responsabilidad en el sector.

Las concesiones que regresen a manos del Estado podrán ser nuevamente ofertadas en el mercado a través de una subasta internacional. El viceministro aclaró que estos procesos se ejecutarán paralelamente a la apertura del catastro minero que el Gobierno actualmente prepara. Esta estrategia busca dinamizar el sector minero de manera efectiva.

Panorama general de concesiones y debate en el sector minero

Según el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025, el país cuenta con un total de 5.007 concesiones mineras, distribuidas de la siguiente manera: Gran minería: 305; Pequeña minería: 1.613; Régimen general: 231; Mediana minería: 128; Minería artesanal: 2.730.

La aplicación de la tasa de fiscalización para la minería ha generado algunas críticas por parte de la Cámara de Minería del Ecuador (CME). El gremio concuerda en la necesidad de mejorar el control, pero alerta que el esquema de porcentajes dispuesto por la Arcom podría resultar perjudicial para algunas empresas en fase de exploración.

La CME argumenta que el monto a pagar por la tasa podría superar los presupuestos anuales de operaciones de estas compañías, afectando su viabilidad. La Cámara espera la instalación de mesas técnicas de diálogo para abordar esta situación específica y encontrar soluciones. El sector minero busca consenso.

El viceministro de Minas, Javier Subía, confirmó la realización de diálogos, pero ratificó la inamovible decisión del Ejecutivo respecto a la tasa. La vocera oficial del Gobierno, Carolina Jaramillo, afirmó el lunes 9 de junio que “no hay un descontento generalizado por parte del sector minero”, destacando la apertura por el catastro y la tasa.