A un soldado en servicio activo del ejército ecuatoriano lo capturaron en un cuartel de Patuca, Morona Santiago. El militar es acusado de producir, almacenar y difundir material de abuso sexual infantil. Además, lo investigan por abusar de dos niños de 6 y 8 años, y lo detuvieron tras un allanamiento.
La pequeña localidad de Patuca, en la provincia amazónica de Morona Santiago, se convirtió en el epicentro de un caso que ha conmocionado al país.
La mañana del martes 2 de abril de 2025, agentes de la Unidad Nacional de Ciberdelitos de la Policía, en coordinación con la Fiscalía, irrumpieron en un cuartel militar para detener a un soldado en servicio activo.
La operación es el resultado de tres meses de investigación. Esta destapó una red de producción y difusión de pornografía infantil. En esta se involucra a menores de edad, incluyendo a los propios hermanos del acusado, de 6 y 8 años.
El teniente coronel Gonzalo García, jefe de la Unidad Nacional de Ciberdelitos, confirmó que investigan al militar. La investigación es por “producir, almacenar y difundir material de abuso sexual infantil en gran cantidad”. Las autoridades hallaron evidencia contundente durante un allanamiento a la vivienda del sospechoso, donde rescataron los menores.
Según García, los niños víctimas, los identificaron como hermanos paternos del militar detenido.
El caso se originó cuando una pasajera encontró una tarjeta de memoria en un bus interprovincial y la entregó a la Policía.
Al analizar el dispositivo, los agentes descubrieron contenido explícito que llevó a rastrear al responsable hasta Patuca. La captura se ejecutó con precisión en el cuartel militar, y al sospechoso, identificado como Kevin L., lo trasladaron para enfrentar cargos penales.
Reacción del ejército ecuatoriano
La tarde del mismo miércoles, el ejército ecuatoriano emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales, reconociendo la gravedad del caso. “Se trata de un miembro en servicio activo de nuestras filas”, señaló la institución, comprometiéndose a brindar “todas las facilidades” a las autoridades para las investigaciones.
El pronunciamiento enfatizó una política de “cero tolerancia con todo lo que está al margen de la ley”, destacando que tales actos transgreden el honor y la disciplina militar.
Además, el ejército anunció que, paralelo al proceso judicial, se aplicarán sanciones administrativas internas contra el soldado. “Habrá consecuencias tanto en el ámbito legal como institucional”, afirmó la entidad.
Esto buscando distanciarse de las acciones del acusado y reafirmar su compromiso con la justicia.
La rápida respuesta del ejército contrasta con el impacto que el caso ha generado en la opinión pública, especialmente por la naturaleza de los delitos y el vínculo familiar entre el agresor y las víctimas.
Un problema persistente en Ecuador
La pornografía infantil y los abusos sexuales a menores son delitos que han encendido alarmas en Ecuador. Según datos del Consejo de la Judicatura, en 2024 se registraron más de 1,200 casos de violencia sexual contra niños y adolescentes, pero las autoridades estiman que la cifra real es mayor debido al subregistro.
Un informe de la Fiscalía reveló que 6 de cada 10 víctimas desisten de sus denuncias a mitad del proceso, a menudo por miedo, presión social o falta de apoyo institucional.
En 2023, detuvieron a un adolescente en Quito. Esto por grabar y distribuir material de abuso sexual infantil, mientras que en 2024, condenaron a tres madres en Quito y Esmeraldas por vender videos pornográficos de sus hijas, recibiendo hasta 60,000 dólares.
