Un colchón y una bacinilla fueron las únicas posesiones que dejaron los hijos de un adulto mayor en un cuarto que arrendaron en un barrio del sur de Santo Domingo.
El abuelito de más de 85 años fue dejado allí y dos veces a la semana era visitado por sus parientes que le llevaban comida en tarrinas desechables que dejaban amarradas en los barrotes de la ventana.
Ellos mismos fueron quienes colocaron un candado en la puerta. Nadie podía ni entrar ni él tampoco salir.
Una de las vecinas que denunció el hecho, reportado el año pasado, dijo que al parecer los hijos lo dejaron allí esperando su muerte. “Es una pena que el señor esté encerrado, peor que un animal”, sostuvo.
2.975 personas de la tercera edad viven en condiciones de pobreza y 60.000 se encuentran en situación de extrema pobreza.
Abandono, despojo del patrimonio y maltrato son las principales formas de violencia que sufren las personas mayores de 65 años en Ecuador.
Según datos del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), el 44 % ha sido víctima de alguno de estos tipos de violencia. Esto significa que de 1´121.286 de adultos mayores que hay en el país, 493.365 han sido maltratados.
> Ayuda. Estas cifras han motivado al Consejo Cantonal de Protección de Derechos a ser el tercer cantón en emitir medidas a favor de estas personas.
Víctor Núñez, abogado de la entidad, indicó que son unas de las pocas juntas que pueden emitir medidas en favor de los adultos mayores.
“Las medidas administrativas de protección de derechos son acciones emitidas por la autoridad competente cuando existe vulneración o amenaza de vulneración de derechos. Esto con el fin de erradicar la violencia contra los adultos mayores”, dijo.
El jurista explica que son once medidas contempladas en el artículo 51 del reglamento de la Ley de Adulos Mayores.
Entre los principales beneficios que la norma legal contempla está el derecho a acceder al sistema de salud especializado, manutención de familiares, tratamiento y prevención de enfermedades catastróficas y acceso a medicamentos gratuitos.
La Junta Cantonal está habilitada para emitir boletas de auxilio, órdenes de alejamiento en contra de los agresores y la instalación de botón de pánico en el celular del abuelito o de quien denuncia el hecho.
Núñez sostiene que para hacer efectivas estas medidas se debe contar con una denuncia ante la Junta. “No se requiere de la asistencia de un abogado. Solo que comparezca el adulto mayor o quien quiera que se garanticen los derechos. El trámite es gratuito”, aclaró.
En Santo Domingo solo hay dos sitios preparados para acoger a las personas de la tercera edad y un geriátrico, que está a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
