El Departamento de Estado de Estados Unidos comenzó este viernes, 11 de julio de 2025, un proceso de despidos masivos que afecta a 1.307 trabajadores, según una circular oficial reportada por la cadena CNN.
Este movimiento forma parte de un amplio plan de la Administración del presidente Donald Trump para remodelar el gobierno federal, reduciendo su estructura y eliminando programas considerados no esenciales.
Los despidos incluyen a 1.107 funcionarios del servicio civil y 246 oficiales del servicio exterior con asignaciones domésticas. La reestructuración no se limita a despidos, ya que el plan contempla la eliminación de 3.000 puestos en total, sumando salidas voluntarias.
Según el Departamento, las notificaciones de despido fueron enviadas por correo electrónico a los empleados afectados, quienes entrarán en un período de licencia administrativa de entre 90 y 120 días antes de su desvinculación formal.
Cierre de oficinas y programas
Como parte de esta iniciativa, el Departamento de Estado cerrará cientos de oficinas y agencias, alineándose con las políticas de la Administración Trump. Entre los objetivos están los programas de diversidad, igualdad e inclusión, que han sido blanco de críticas por parte del presidente.
Asimismo, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), desmantelada previamente, verá sus funciones restantes absorbidas por el Departamento de Estado.
El cierre de USAID, que empleaba a unas 10.000 personas a nivel global, incluyendo contratistas, ha generado críticas por su impacto en la asistencia internacional y el liderazgo global de Estados Unidos.
Las tareas de ayuda exterior y asuntos humanitarios serán ahora gestionadas por un nuevo coordinador dentro del Departamento de Estado, con enfoque en derechos humanos y libertad religiosa.
Respaldo del Tribunal Supremo
La ejecución de estos despidos fue posible tras un fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos el martes, 8 de julio de 2025, que levantó una orden judicial previa que bloqueaba los recortes masivos.
Con una votación de 8 a 1, el tribunal consideró que la orden ejecutiva de Trump, emitida en febrero de 2025, es probablemente legal, permitiendo al Ejecutivo avanzar sin necesidad de aprobación del Congreso.
La única disidencia vino de la jueza Ketanji Brown Jackson, quien calificó la decisión de “arrogante e insensata”. El Departamento de Estado, a través de su portavoz Tammy Bruce, defendió la reestructuración como una reforma necesaria para priorizar los intereses de Estados Unidos.
Contexto y críticas
La reestructuración del Departamento de Estado se enmarca en un esfuerzo más amplio liderado inicialmente por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).
Este organismo aplicó lógicas empresariales para reducir el tamaño del gobierno federal. Esto afecta a agencias como el Departamento de Educación, la FAA, y la NOAA, entre otras.
Críticos, como el presidente de la Asociación de Oficiales del Servicio Exterior, Tom Yazdgerdi, han advertido que los despidos “ponen en riesgo los intereses nacionales”. También dijo que debilitan la capacidad diplomática de Estados Unidos.
Organizaciones y sindicatos han presentado demandas legales contra los recortes, aunque el fallo del Tribunal Supremo ha allanado el camino para su continuidad. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha defendido los recortes como una medida para eliminar “burocracia inflada” y optimizar recursos.
Rubio aseguró que los despidos se enfocan en funciones no esenciales y oficinas redundantes. Agregó que no tienen planes inmediatos de cerrar embajadas o reducir personal en el extranjero. Sin embargo, un alto funcionario indicó que todas las operaciones del Departamento están bajo revisión continua.
