El déficit de jueces en Ecuador alcanza cifras alarmantes. Actualmente, el país necesita 753 jueces, lo que afecta la justicia y la confianza ciudadana. Esta problemática impacta directamente en la operatividad y genera un gasto de $50.4 millones al presupuesto anual del Consejo de la Judicatura.
La falta de jueces se distribuye así: 11 en la Corte Nacional, 57 en Cortes Provinciales, 46 en Tribunales Distritales, 53 en Tribunales Penales, 470 en Unidades Judiciales y 116 en materia constitucional. Estos datos reflejan la gravedad de la crisis judicial y la urgencia de acciones concretas para fortalecer la Función Judicial.
Estado crítico de las dependencias judiciales
El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, reveló que el 50.61% de las dependencias judiciales se encuentra en estado crítico. Esto implica deficiencias estructurales y funcionales que comprometen la operatividad del sistema judicial. El 35.51% de las unidades está en estado regular, con deterioros progresivos y amenazas a su funcionamiento.
Solo el 13.88% de las entidades judiciales permanece en buen estado. Esta situación evidencia la necesidad de reformas profundas y la asignación de recursos para garantizar una justicia eficiente y accesible para todos los ecuatorianos.
Crisis financiera y operatividad judicial
Paúl Ocaña, presidente de la Federación Nacional de Abogados, calificó la crisis del sistema judicial como “deplorable” en una entrevista con el programa FM Mundo. Desde el punto de vista financiero, no existen recursos ni para insumos básicos como tinta de impresoras y hojas para citaciones. Esta realidad genera un “cuello de botella” que ralentiza los procesos judiciales y agrava la percepción negativa sobre el sistema.
El déficit de jueces en Ecuador provoca que la justicia sea más lenta y los mecanismos legales se extiendan. La ciudadanía pierde la confianza en la justicia ante avances mínimos en los procesos penales, lo que debilita el Estado de Derecho y la seguridad jurídica.
Falta de atención prioritaria y reformas necesarias
A pesar de las deficiencias, el sector judicial no recibe atención prioritaria. La Constitución establece como pilares la educación, la salud y la justicia, pero el sistema judicial queda relegado. Ante esta realidad, Mario Godoy propuso reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, enfocadas en mejorar los concursos de selección y actualizar los parámetros de las pruebas de confianza.
Una de las propuestas más relevantes es la unificación de terminología y la actualización de los parámetros para la selección de jueces. Esto permitiría una mayor transparencia y eficiencia en los procesos de designación.
Participación de la academia y transparencia
Paúl Ocaña insiste en que la academia y los gremios profesionales deben participar en la elaboración de los formatos de concursos. “Lo que no puede pasar es que se designen jueces a dedo”, advierte. La transparencia en la selección es clave para fortalecer la confianza en la justicia y evitar la politización de los nombramientos.
Otra reforma planteada por Godoy es la evaluación y categorización anual de los servidores judiciales. Aquellos que no cumplan los requisitos mínimos deben ser removidos de inmediato, garantizando así la calidad y profesionalismo en la Función Judicial.
Veeduría y control ciudadano
Ocaña propone la conformación de una veeduría que observe el proceso de evaluación y separación de funcionarios judiciales. Esta medida busca evitar que buenos elementos sean reemplazados por personas afines a la administración actual, sin un concurso real. “Esto para evitar que caigamos en errores como sacar a buenos funcionarios y poner nuevos a dedo”, señala.
La crisis judicial en Ecuador requiere atención inmediata, reformas estructurales y la participación activa de la sociedad. Solo así se podrá recuperar la confianza en la justicia y garantizar el acceso a un sistema judicial eficiente y transparente.
