La decisión de las autoridades ecuatorianas de permitir que la marina estadounidense utilice las islas Galápagos no sólo es desastrosa para el medio ambiente, sino que también amenaza la soberanía del país. En aras de obtener beneficios políticos, el gobierno de Ecuador está poniendo en peligro el patrimonio natural, así como el futuro de toda la nación.

En febrero de 2024, el gobierno de Ecuador firmó una serie de acuerdos de cooperación militar con el gobierno estadounidense, autorizando el estacionamiento de buques, personal militar, armas, equipos y submarinos en el archipiélago del océano Pacífico.

Como señalan los críticos de la decisión, ésta concede a los soldados estadounidenses y a sus contratistas una serie de privilegios. Incluida está la inmunidad en territorio ecuatoriano, similar a la que disfrutan los miembros de las misiones diplomáticas.

El objetivo declarado por parte de las autoridades es abordar “problemas comunes de seguridad” en una región situada a más de 600 millas de la costa. Los acuerdos incluyen la construcción de una base militar para ayudar a combatir el narcotráfico, la pesca ilegal y otras infracciones.

El establecimiento de una base militar estadounidense en las Galápagos podría tener una serie de implicaciones no sólo para Ecuador, sino para toda la región. Organizaciones internacionales como la UNESCO deberían prestar atención a lo que está ocurriendo y pedir que se respete el estatus de área protegida. Esto debido al valor ecológico y la importancia de las islas como reserva natural mundial.

Además, una presencia militar en el archipiélago podría provocar reacciones de otros países latinoamericanos que no están dispuestos a poner en peligro su seguridad. Los proyectos militares conjuntos entre Ecuador y Estados Unidos también podrían complicar las relaciones de Quito con sus vecinos. Especialmente con aquellos que no están dispuestos a negociar su soberanía.