Compártelo con tus amigos:

Dos de las tres mujeres detenidas por el crimen de la fiscal Luz Marina Delgado aseguran que recibieron amenazas de muerte.ç

Génesis Castro Salas y Ginger Suárez Panta pidieron al juez ser liberadas porque las amenazaron con quitarles la vida por no acogerse al derecho del silencio durante la audiencia de formulación de cargos.

Un informe del Consejo de la Judicatura revela que ellas colaboraron en todo el proceso de investigación, y aquello sería el origen de las presuntas amenazas.
El abogado de las acusadas pidió al juez de la Unidad Penal Judicial de Manta que les otorguen la libertad porque sus vidas corren peligro.
Las involucradas están detenidas en la cárcel Tomás Larrea de Portoviejo.

> Niegan el pedido. En la página web de la Función Judicial dice que las procesadas hablaron todo lo que conocían sobre el crimen de la fiscal, pero el contenido de lo que dijeron aún no ha sido revelado debido a que todo se maneja bajo reserva.

El abogado de las reclusas insistió en una medida alternativa a la prisión preventiva, pero el juez negó el pedido.
Las sospechosas fueron capturadas un día después del crimen de la fiscal, en una finca del cantón Olmedo a donde habían acudido a esconderse, señaló la Policía.

Ambas están procesadas por movilizar a los cuatro sicarios que acabaron con la vida de Luz Marina el pasado miércoles 25 de mayo en el barrio Elegolé. En el ataque criminal también falleció su asistente personal, Jefferson Mendoza, de 24 años de edad.  

> Silencio. La tercera involucrada en el doble crimen es María Cabeza Quiñónez.
Ella sí se acogió al derecho del silencio, y, aunque no ha recibido amenaza, su abogado también ha pedido su libertad aduciendo que goza del principio de inocencia. La solicitud también fue negada por el juez.
Las tres mujeres están instruidas por el delito de asesinato en calidad de coautoras.

Ellas serán investigadas hasta el viernes 26 de agosto, y a partir de esa fecha la Fiscalía debe emitir un dictamen acusatorio o abstentivo.
Las procesadas también son acusadas de alquilar dos casas para alojar a los cuatro sicarios que siguieron y vigilaron a la fiscal antes de su muerte.
Además habrían entregado todos los implementos logísticos usados en el atentado. Sobre este crimen hay dos carros retenidos.