La violencia en las prisiones de Ecuador se volvió a recrudecer esta semana con dos masacres carcelarias en apenas tres días que dejan hasta ahora al menos 29 presos asesinados y 59 heridos, de ellos 53 reclusos y seis policías.
Con más de 100 presos muertos desde inicios de 2020, y más de 450 desde 2020, la mayoría en este tipo de altercados es entre bandas criminales que disputan el control interno de los centros carcelarios, un fenómeno se ha convertido en una bomba de relojería para el Gobierno de Ecuador, que aún no logra desactivarla.
No habían pasado ni ochenta días desde la séptima masacre ocurrida en la cárcel de la provincia tropical de Santo Domingo de los Tsáchilas, que dejó trece reclusos asesinados y dos heridos, cuando el pasado lunes se produjo la octava en la prisión de alta seguridad de Cotopaxi, con 16 fallecidos y 43 heridos.
La novena masacre no tardó tanto, apenas dos días, pues el miércoles una reyerta en la cárcel de Guayas, conocida como la Penitenciaría del Litoral, la más grande y poblada del país, dejó trece reclusos muertos y 22 heridos.
Grupos de derechos humanos, que cuestionan el rol del Estado, como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), consideran que el laberinto carcelario podría ser incluso catalogado de “genocidio”, pues las autoridades no han podido detener hasta ahora las matanzas ni tampoco el ingreso de armas, municiones y explosivos a las cárceles.
Incluso, la misma Policía denunció el pasado 20 de septiembre que tres agentes en activo de la institución habían sido detenidos al estar involucrados en trafico de armas, cuando supuestamente intentaban ingresar casi 500 balas a la cárcel de Cotopaxi, dos semanas antes de la última masacre en esa prisión.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), que tiene a cargo las 36 cárceles de Ecuador, se quedó sin cabeza luego que su director Pablo Ramírez anunciara su retiro de esa entidad por haber sido designado para dirigir la unidad Antinarcóticos de la Policía.
REPRESIÓN HACIA FAMILIARES
Además, las fuerzas del orden fueron duramente criticadas por medios locales, organismos de derechos humanos y familiares de los reclusos por su actitud durante los disturbios en la cárcel de Cotopaxi y en la Penitenciaría del Litoral, sobre todo en esta última donde la represión quedó registrada en redes sociales.
El CDH denunció una desproporcionada represión contra los familiares de reclusos que pedían información sobre la situación de sus parientes.
También periodistas que cubrían el motín en la Penitenciaria del Litoral y varios activistas de derechos humanos sufrieron golpes y amenazas de agentes que custodiaban las afueras del centro penitenciario.
El grupo proderechos emitió un duro informe en el que concluyó que en ninguna de las masacres carcelarias desde 2020 ha existido una “recuperación del control” total de las prisiones por parte del Estado.
“La dinámica del Estado es dejar que dentro de las cárceles mueran las personas y, luego de los disturbios, ingresan”, opinó el organismo no gubernamental, que hizo responsable al Presidente, Guillermo Lasso, y anunció que denunciará al Estado ante organismos nacionales e internacionales.
Las advertencias contra Lasso llegan en un momento en que el mandatario afronta uno de sus momentos más complicados en los menos de diecisiete meses que lleva en el poder, ya que en la Asamblea Nacional (Parlamento) han cuestionado el supuesto incumplimiento de su plan de Gobierno.
SEMANA NEGRA
Esta semana negra en las prisiones de Ecuador se produce después de la visita al país del vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para las personas privadas de libertad, Stuardo Ralón, quien destacó los avances en la reducción del hacinamiento del sistema penitenciario ecuatoriano.
Ralón hizo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones marcadas desde finales de 2021 por la CIDH, que instaron al Estado a recuperar el control de las cárceles, dar condiciones dignas a los presos, resolver la sobrepoblación, no abusar de la prisión preventiva (provisional) ni del encarcelamiento como política para prevenir el delito.
Este jueves, en su discurso ante la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín, reiteró el compromiso del Gobierno en alcanzar los objetivos planteados por la CIDH.
Sin embargo, aún no entran en servicio los 1.300 guardias en proceso de formación que prácticamente duplicarán la plantilla actual de 1.600 agentes penitenciarios, ni tampoco se ha terminado de equipar a todas las prisiones con escáneres y tecnología para hacer más difícil el ingreso de armas. EFE
