La Fiscalía de Santa Elena procesó a diez personas por su presunta participación en el delito de asociación ilícita.

Los acusados fueron detenidos en operativos conjuntos ejecutados con la Policía Judicial, cuando cobraban el Bono de Desarrollo Humano en entidades bancarias, utilizando documentación falsa de cientos de ciudadanos que tienen ese beneficio gubernamental.

Tras conocer del hecho, Fiscalía desplegó un operativo en las afueras de la Terminal Terrestre de Santa Elena, donde funcionan algunas oficinas del sistema bancario que pagan este bono.

En el sector, nueve personas (que utilizaban cédulas de identidad falsas, elaboradas con máquinas especiales de plastificado y plástico transparente que contenía el holograma utilizado como seguridad del Registro Civil) fueron detenidas.

El listado de beneficiarios habría sido obtenido al interior de esa institución, por lo que no se descarta la participación de funcionarios del Registro Civil.

Una vez obtenida la información, la presunta banda delictiva elaboraba las cédulas de identidad y agregaban la foto de los integrantes de esta agrupación, quienes presentaban el documento en las entidades bancarias para cobrar los 50 dólares en efectivo.

Según Fiscalía, la acción ilícita dejó al menos 2 mil dólares incautados.

Además, en un allanamiento ejecutado en un hotel ubicado en el sector del Malecón de Salinas, la mañana del martes 11 de enero, se incautaron cientos de soportes plásticos transparentes con el sello del escudo del Ecuador, soportes plásticos similares a las cédulas de ciudadanía, tintas de impresión, teléfonos celulares, tres automotores y dinero en efectivo no cuantificado, además de una persona detenida.

En la audiencia de formulación de cargos, desarrollada en la Unidad Judicial Penal de Santa Elena, con sede en el cantón La Libertad, el fiscal Juan Pablo Arévalo presentó los elementos de convicción que hacen presumir la participación de los ahora procesados en el hecho investigado, publicó Fiscalía en su página web.

La jueza de Garantías Penales, Herlinda Urquiza, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Diego T. F., Luis B. M., Juan F. V., Rosa M. T., Miguel J. C., Carlos F. F., Ingrid B. B. y Andrea B. O.

Mientras que para Rommel M. G. y Víctor L. P. emitió medidas alternativas (prohibición de salida del país y presentación periódica ante fiscalía).

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) este delito se sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años.