Las boletas de apremio por incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias se mantienen al alza en los últimos años.
En el 2023, en Manabí se emitieron 5.630 boletas de apremio (15,4 al día), mientras que en los dos primeros meses de este año los jueces han emitido 846 boletas (14 al día).
Según el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), Portoviejo, Manta y Chone son los tres cantones de Manabí donde más se emiten las boletas de apremio.
El abogado Rubén Alcívar señala que el juez emite la boleta de apremio cuando el obligado (padre) no justifica por qué no ha pagado la pensión dentro del juicio de alimentos.
“Una vez que se ha establecido la pensión de alimentos, el padre se encuentra en la obligación de pagar la pensión de alimentos fijada, los cinco primeros días de cada mes”, señala el jurista, quien recuerda que si se pasan esos días se registra un atraso en el SUPA y se generan intereses.
“Cuando el obligado se atrasa en dos pensiones, el artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) dice que la parte accionante de la causa judicial de alimentos (madre), puede solicitar que se realice una liquidación de los valores adeudados”, detalla.
Atrasos en pensiones alimenticias
Francisco (nombre protegido) tiene atrasos en la pensión de alimentos y hace dos meses fue detenido (con boleta de apremio) por adeudar cerca de 26 mil dólares.
Dice que está sin trabajo y prefirió no asistir a la audiencia del juicio de alimentos.
“Cuando me demandaron tenía trabajo con un buen sueldo. Eso fue hace diez años y la pensión mensual que se fijó (por un hijo) fue de $ 1.500”, menciona.
Hace cuatro años Francisco se quedó sin trabajo, no solicitó la rebaja de la pensión y su deuda creció. Cuando fue detenido, su familia prestó dinero para cancelar parte de la deuda y llegar a un arreglo.
Lo indignante, dice, es que luego del pago la madre de su hijo viajó al exterior y presume que lo hizo con el dinero de la pensión.
El abogado Alcívar explica que en primera instancia no se puede pedir a la madre del menor que justifique en qué ha utilizado la pensión de alimentos, pues la ley no establece la obligación de justificar.
Sin embargo, la normativa de protección de derechos de la niñez y adolescencia establece que se debe garantizar el derecho a la educación, salud y cuidado del menor de edad.
“El obligado puede acudir a la vía administrativa (Junta Cantonal de Protección de Derechos) a interponer una denuncia para que se realicen los informes y se emita una resolución. Puede disponer un seguimiento continuo del cuidado del menor”, detalla Alcívar.
Casos en Manabí
En Manabí existen 32.875 alimentarios registrados; es decir, niños o adolescentes titulares del derecho de recibir alimentos.
Por esos casos, entre enero y febrero de este año se han recaudado 6,13 millones de dólares a través del SUPA. En todo el 2023, la recaudación alcanzó los $ 42,13 millones.
Fernanda es madre de dos niños con discapacidad y hace diez años demandó al padre de sus hijos por alimentos, pero recuerda que sólo canceló unos meses.
Este año decidió retomar el juicio y el padre de sus hijos debe pagar alrededor de $ 20 mil.
“Todos estos años he asumido los gastos de estudios y salud. No es justo que él haya descuidado a los niños”, expresa.
El abogado Mauro Ponce recalca que una vez que la persona es detenida con la boleta de apremio por no haber cancelado, el COGEP estipula una detención de 30 días, pero en caso de reincidencia el apremio personal se extenderá 60 días más, hasta por un máximo de 180 días (seis meses).
En estos casos, Ponce indica que se puede llegar a acuerdo de pagos entre ambas partes, pues la pensión de alimentos se deja de suministrar cuando el hijo cumpla 21 años, siempre y cuando no tenga discapacidad.
