La Corte Nacional de Justicia archivó la investigación por presunto peculado contra el expresidente Guillermo Lasso y otros exfuncionarios en el caso Flopec, al considerar que no existen pruebas suficientes. La decisión, emitida por la jueza Daniella Camacho, pone fin a un proceso iniciado en 2023 que derivó en un juicio político contra Lasso. El expresidente celebró el fallo y acusó a exasambleístas de orquestar una persecución política.
La investigación, iniciada tras una denuncia de la asambleísta Mireya Pazmiño, señalaba irregularidades en un contrato de transporte petrolero entre la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker Pool, suscrito en 2018. Además de Lasso, en el caso, estaban involucrados su cuñado Danilo Carrera, Hernán Luque, exgerente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, y otros exfuncionarios. La fiscal general del estado, Diana Salazar, solicitó en octubre de 2024 el archivo del caso, argumentando que no se encontraron elementos que sustentaran los delitos de peculado o delincuencia organizada.
El fallo de la jueza Camacho, determinó que no había pruebas de que los investigados se apropiaran de fondos públicos o generaran perjuicios al Estado. Esta resolución cierra un capítulo que marcó la política ecuatoriana, incluyendo la disolución de la Asamblea Nacional en 2023 mediante el decreto de «muerte cruzada«.
Archivo de caso Flopec
Tras el archivo, Guillermo Lasso difundió un video en sus redes sociales, afirmando que el proceso fue un “show político” sin fundamento. “No cometí ningún delito. Me acusaron de peculado por omisión por un contrato firmado tres años antes de mi presidencia”, aseguró. Asimismo, criticó a los exasambleístas Viviana Veloz, Mireya Pazmiño, Esteban Torres, Rodrigo Fajardo y Pedro Zapata, acusándolos de impulsar un juicio político basado en “narrativas políticas” y no en pruebas. Lasso también cuestionó la ética de los legisladores y señaló al período legislativo de 2023 como “plagado de corruptos al servicio del narcotráfico”.
Por su parte, Viviana Veloz, asambleísta de la Revolución Ciudadana, defendió la investigación y lamentó el archivo del caso. “En este país no existe justicia real. Seguiremos luchando contra la impunidad”, declaró. Esteban Torres, en una publicación en su cuenta de X, también expresó su desacuerdo con la decisión judicial.
Contexto del caso Flopec
El caso Flopec tuvo un impacto significativo en la política ecuatoriana, al alimentar tensiones entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional durante el gobierno de Lasso (2021-2023). La denuncia inicial, presentada por Pazmiño, alegaba que el contrato con Amazonas Tanker generó pérdidas de al menos 6,1 millones de dólares, según un informe de la Contraloría de 2021. Sin embargo, la defensa de Lasso argumentó que él mismo denunció dichas irregularidades ante la Fiscalía en los primeros meses de su gestión, lo que debilitó las acusaciones de omisión.
La disolución de la Asamblea en 2023, tras el juicio político, llevó a elecciones anticipadas que resultaron en la elección de Daniel Noboa como presidente. El archivo del caso reaviva el debate sobre la independencia judicial y la lucha contra la corrupción en Ecuador.
