El 16 de enero de 2024, un menor fue víctima de un robo violento en el barrio Intipungo, una zona residencial de Puyo, capital de la provincia de Pastaza. El agresor, identificado como Maikol Jesús R., atacó al niño para sustraerle su celular, generando indignación en la comunidad. Tras una alerta ciudadana, agentes de la Policía acudieron al lugar, donde testigos proporcionaron una descripción detallada del sospechoso y su posible ubicación.

Un operativo policial permitió la intervención de un inmueble cercano, donde Maikol Jesús R. fue aprehendido en flagrancia con el celular robado en su poder. La víctima, un menor cuya identidad se mantiene reservada por motivos legales, reconoció de inmediato al detenido como su agresor, consolidando la evidencia inicial del caso.

Un proceso judicial sólido

La Fiscalía inició una investigación inmediata tras el incidente. En la audiencia de primera instancia, celebrada el 21 de marzo de 2025, el Tribunal de Garantías Penales de Pastaza sentenció a Maikol Jesús R., como autor directo del delito de robo con violencia. Delito tipificado en el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La pena impuesta fue de nueve años y cuatro meses de prisión, además de una multa de 20 salarios básicos unificados (equivalentes a $9.200 en 2025). El imputado apeló la sentencia, argumentando una supuesta “valoración errónea probatoria” y la falta de tipicidad objetiva en el delito. La defensa sostuvo que las pruebas presentadas no eran suficientes para sustentar la condena, cuestionando la validez de los elementos de convicción del robo.

Ratificación por robo

Durante la audiencia de apelación por robo, realizada de forma telemática el 4 de junio de 2025, la Fiscalía desmontó los argumentos de la defensa. El fiscal del caso presentó una argumentación jurídica sólida, respaldada por pruebas contundentes: el testimonio de la víctima, las declaraciones de los agentes aprehensores, el peritaje médico-legal practicado al menor, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y la evidencia física, incluyendo el celular recuperado.

Todos estos elementos, ingresados bajo estricta cadena de custodia, demostraron la tipicidad del delito y la responsabilidad del acusado. La Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Pastaza, tras evaluar la tesis fiscal, rechazó la apelación de Maikol Jesús R. y ratificó la sentencia de primera instancia en todas sus partes. Los jueces consideraron que la condena estaba “legalmente motivada” y que las pruebas presentadas cumplían con los requisitos legales para acreditar el delito de robo.