La Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, en Saquisilí, desechó el recurso de apelación de Guillermo J., y ratificó su condena a seis años y ocho meses de prisión por el delito de abuso sexual. El delito fue contra su cuñada, una adolescente de 17 años.
El fallo, basado en pruebas contundentes presentadas por la Fiscalía, se produjo tras un incidente denunciado el 1 de diciembre de 2017 en la parroquia Cochapamba, donde la víctima sufrió agresiones físicas y psicológicas. El abuso sexual terminó con la condena de un tribunal.
Pruebas del abuso
La condena se sustentó en los argumentos de la Fiscalía, que durante la audiencia de juzgamiento presentó pruebas como testimonios. El informe de reconocimiento del lugar y un informe psicológico que confirma que la joven padece sintomatología depresiva tras el abuso. Además, se incluyó el testimonio anticipado de la víctima. Un test de credibilidad realizado por un perito psicólogo, que calificó su relato como “altamente creíble”.
El incidente ocurrió la noche del 1 de diciembre de 2017, cuando la madre de la adolescente denunció que su hija llegó a casa asustada tras ser abusada por Guillermo J. Según el relato, el agresor entró al cuarto de la víctima, la lanzó sobre la cama, la tocó inapropiadamente e intentó forzarla a mantener relaciones sexuales. La joven, tras forcejear y escapar con el cuello lastimado por un intento de ahorcamiento con una tela, alertó a su familia, iniciando la investigación por abuso sexual.
Respuesta institucional
Tras la denuncia por abuso, la Fiscalía ordenó diligencias inmediatas que confirmaron la infracción penal y la responsabilidad de Guillermo J. Además de la pena de prisión, el sentenciado deberá pagar 3.000 dólares como reparación integral a la víctima y una multa de 3.750 dólares. Las autoridades destacaron la importancia de las pruebas psicológicas y testimoniales en la resolución del caso, respetando en todo momento la privacidad de los involucrados.
Cotopaxi, incluyendo Saquisilí, ha registrado un aumento del 10% en denuncias por violencia de género en 2024, según el Ministerio del Interior. Casos de abuso intrafamiliar, como este, reflejan un desafío persistente en zonas rurales, donde el acceso a apoyo psicológico y judicial puede ser limitado.
