El 29 de julio de 2025, el presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional en Quito, Ecuador, el proyecto de Ley de Fundaciones para regular 75.334 organizaciones sociales, desatando críticas por posibles intenciones políticas.
Nueva ley de Noboa bajo escrutinio
El 29 de julio de 2025, el presidente Daniel Noboa remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, conocida como Ley de Fundaciones, con carácter de urgencia económica. La iniciativa busca supervisar las 75.334 organizaciones sociales en Ecuador para prevenir el lavado de activos y actividades ilícitas. El proyecto, que consta de 14 artículos y varias disposiciones, debe ser debatido en un plazo de 30 días.
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) será la entidad encargada de controlar las fundaciones, ONG y otras entidades sin fines de lucro, tanto nacionales como extranjeras. El gobierno asegura que la ley promueve la transparencia y no persigue a las organizaciones legítimas.
Críticas de la sociedad civil a nueva Ley de Noboa
Organizaciones sociales han expresado preocupación por las similitudes entre la Ley de Fundaciones y el Decreto 16, emitido en 2013 por el expresidente Rafael Correa, que permitió la disolución de entidades como la Fundación Pachamama por supuestas actividades políticas. Belén Páez, presidenta de Pachamama, señaló en el programa Políticamente Correcto de Ecuavisa que, aunque apoyan el control de capitales ilícitos, temen que la ley pueda usarse para restringir la libertad de asociación.
Caroline Ávila, catedrática de la Universidad de Cuenca, cuestionó el corto plazo de 30 días para debatir la ley, sugiriendo que podría ser una estrategia para construir un “enemigo interno” político. Ávila destacó que las organizaciones sociales manejan solo 300 millones de dólares al año, una cifra baja para justificar tal regulación.
Respuesta del oficialismo
Nathaly Farinango, asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), defendió la propuesta, asegurando que el gobierno abrirá un canal de diálogo con la sociedad civil y otras bancadas durante las tres semanas restantes de trámite. Farinango enfatizó que la ley incluye una disposición general que prohíbe su uso para persecución política o restricciones arbitrarias a la libertad de asociación. “Este presidente sí es democrático”, afirmó, diferenciando la iniciativa del Decreto 16.
Farinango también negó que el gobierno esté detrás de una campaña en redes sociales contra la Corte Constitucional, que actualmente evalúa la constitucionalidad de otras tres leyes urgentes presentadas por Noboa: la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Integridad Pública y la Ley de Áreas Protegidas.
Contexto de tensiones políticas
La Ley de Fundaciones es el cuarto proyecto económico urgente presentado por Noboa desde su reelección el 24 de mayo de 2025. La iniciativa se enmarca en un contexto de tensiones entre el gobierno y la sociedad civil, con protestas previstas para el 5 de agosto en Quito contra la fusión de ministerios y la regulación de ONG. Organizaciones ambientalistas, como la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma), rechazan la ley por considerarla un retroceso en derechos.
El Decreto 16 de Correa fue criticado por Amnistía Internacional por otorgar poderes excesivos para disolver ONG, y su reemplazo, el Decreto 739, mantuvo restricciones similares. La derogación de ambos en 2017 por Lenín Moreno no eliminó todas las causales discrecionales de disolución.
Contexto relevante:
Ecuador enfrenta un clima político polarizado en 2025, con el gobierno de Daniel Noboa impulsando reformas económicas mientras enfrenta críticas por posibles restricciones a la sociedad civil. Las 75.334 organizaciones sociales registradas en el Sistema Unificado de Organizaciones Sociales (SUIOS) desempeñan un rol clave en áreas como derechos humanos, medioambiente y educación. La experiencia del Decreto 16, que llevó al cierre de organizaciones como Pachamama, genera temores de que la nueva ley pueda limitar el espacio cívico, especialmente para grupos que se oponen a políticas extractivistas.
