La Contraloría General del Estado anunció que iniciará una auditoría a partir del 1 de mayo de 2025 sobre la compra de 60 trolebuses eléctricos realizada por la Empresa de Pasajeros de Quito.
Esta medida se toma luego de que seis concejales de la capital expresaran su preocupación por la transparencia del proceso, en el que intervino la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) como intermediaria.
Concejales pidieron a Contraloría intervenir
El requerimiento de un examen especial fue formalizado por los concejales Michael Aulestia, Sandra Hidalgo, Fidel Chamba, Wilson Merino, Cristina López y Andrés Campaña.
Su principal cuestionamiento radica en la figura de UNOPS como intermediario en la compra de los vehículos a la empresa china Yutong. Lo que, según el concejal Wilson Merino, podría constituir una «posible evasión a la ley de contratación pública» debido a la ausencia de un proceso de licitación.
Falta de acceso al contrato
Además, los concejales han manifestado su inquietud por la falta de acceso al contrato suscrito entre UNOPS y Yutong por parte de la Empresa de Pasajeros. Esto, a pesar de que esta última desembolsó USD 36 millones para la adquisición de los trolebuses.
A esto se suma la información de que UNOPS habría obtenido una comisión de USD 2 millones por su gestión en la compra.
Cuestionamientos al modelo de contratación
El concejal Andrés Campaña enfatizó la normativa vigente que restringe la participación de intermediarios en contrataciones públicas. Exceptuando únicamente los casos relacionados con el sector salud.
En este sentido, Wilson Merino señaló que el Municipio de Quito aparentemente incumplió requisitos establecidos en la Ley de Contratación Pública y su reglamento.
Financiamiento desde el Municipio
Según Merino, la normativa exige que exista financiamiento total o parcial por parte de la organización internacional para justificar la no aplicación de la ley de contratación pública ecuatoriana.
En el caso de la compra de los trolebuses, el financiamiento provino principalmente de fondos municipales, a pesar de la intervención de UNOPS.
Recientemente, el presidente Daniel Noboa emitió reformas al Reglamento General a la Ley de Contratación Pública. Aquello estableció que el financiamiento parcial de organismos internacionales debe alcanzar al menos el 51% del valor total del contrato.
Implicaciones y acciones adicionales
Ante estas presuntas irregularidades, Noboa también dispuso que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) entregue a la Contraloría todos los procesos de contratación realizados bajo la figura de cooperación internacional.
Esta acción subraya la preocupación a nivel nacional por la transparencia en este tipo de adquisiciones.
Desde el 31 de marzo de 2025, 46 de los 60 trolebuses eléctricos ya se encuentran operando en Quito.
Sin embargo, su implementación no ha estado exenta de controversias, con reportes de desconexiones, quejas por parte de los conductores y señalamientos sobre la falta de adaptación de las unidades.
Lo que se busca es esclarecer contratación
La auditoría que iniciará la Contraloría tiene como objetivo esclarecer el proceso de contratación, determinar si existieron irregularidades y establecer las responsabilidades correspondientes.
Los resultados de este examen especial serán cruciales para garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos y la correcta implementación de proyectos de modernización del transporte en la capital ecuatoriana.
