La Contraloría General del Estado (CGE) inició un examen especial a los planes de operación y mantenimiento del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), operado por Petroecuador. Esto, luego del derrame de 25.116 barriles de petróleo ocurrido el 13 de marzo del 2025 en el sector El Vergel, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas.
La orden de trabajo fue emitida el 19 de marzo del 2025. Considerando ese volumen de petróleo derramado por la rotura del SOTE de Esmeraldas, es el más grave que ha vivido el país desde 1998.
La acción de control, que ya se encuentra en ejecución, abarcará el período entre el 1 de enero de 2020 y el 18 de marzo de 2025. Además tendrá una duración de 90 días, así lo confirmó Carlos Sánchez Cunalata, subcontralor general, en la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea.
También informó que se recopilará y analizará documentación para emitir un informe técnico con hallazgos preliminares y recomendaciones.
Objetivos de este examen que inició la Contraloría por derrame de petróleo
Entre los objetivos del examen especial se incluyen verificar el cumplimiento de disposiciones legales para la operación del SOTE.
Además de evaluar los planes de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, y comprobar si se implementaron protocolos adecuados ante emergencias. Incluso se analizará si el personal de Petroecuador activó a tiempo las medidas de contingencia. Esto como el cierre de válvulas en estaciones de bombeo.
Sin embargo, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, sugirió que el evento podría haber sido resultado de un sabotaje. Esto, basándose en un informe de inteligencia policial del que no se han revelado más detalles.
El desastre afectó ecosistemas fluviales, zonas agrícolas y llegó incluso hasta playas. Como respuesta, Petroecuador declaró la fuerza mayor en sus operaciones desde el 15 de marzo del 2025. Esta medida podrá extenderse por un máximo de 60 días.
En paralelo, el Gobierno comenzó el 28 de marzo del 2025 el pago de indemnizaciones por $470 a familias damnificadas. Esto es equivalente a un salario básico unificado, según lo establecido en el Decreto Ejecutivo 577.
El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos reportó que hasta el 3 de abril del 2025, 802 hogares habían recibido la compensación. La meta es llegar a 7.000 familias registradas por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
El Ministerio de Ambiente deberá aprobar un plan emergente con acciones de mitigación, remediación y compensación del daño ambiental. Por su parte, el Ministerio de Energía valorará las pérdidas económicas causadas por el derrame de petróleo.
