Cinco concejales de Quito, Wilson Merino, Sandra Hidalgo, Andrés Campaña, Michael Aulestia y María Cristina López, presentaron una solicitud a la Contraloría General del Estado. ¿La razón? Que se realice una revisión del proceso de contratación de una flota de 60 trolebuses eléctricos para la ciudad. La petición se formalizó tras la denuncia de los concejales sobre la falta de acceso a información detallada sobre la contratación, la cual se realizó a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
Los concejales de Quito expresaron su preocupación por la falta de transparencia en el proceso de contratación. Michael Aulestia afirmó que, a pesar de sus solicitudes de información a la Empresa de Pasajeros de Quito, no han recibido respuesta. Sandra Hidalgo secundó esta afirmación, subrayando la necesidad de acceder a la información completa para ejercer su labor de fiscalización.
Dudas sobre el proceso
Wilson Merino planteó la posibilidad de que la contratación a través de Unops constituya una «posible evasión a la ley de contratación pública», ya que, según él, no se realizó una licitación. Andrés Campaña enfatizó que, con la excepción de los casos relacionados con la salud, no debería haber intermediarios en las contrataciones públicas. Además, señaló que, aunque la Empresa de Pasajeros de Quito entregó USD 36 millones para la compra de los trolebuses, no tiene acceso al contrato, el cual fue firmado entre Unops y la empresa china Yutong. Campaña también mencionó que Unops obtuvo USD 2 millones por la gestión de la compra.
Confidencialidad del contrato
María Cristina López explicó que la falta de acceso a la información se debe a que el contrato, al realizarse a través de Unops, se considera «privado y confidencial». Por otro lado, Michael Aulestia solicitó que se verifique la legalidad de la transferencia de los USD 36 millones a Unops, advirtiendo que, de no haberse realizado conforme a la ley, podría configurarse un presunto delito de peculado.
Compromiso con la modernización
A pesar de las denuncias, los cinco concejales de Quito reiteraron su apoyo a la modernización del transporte público en la ciudad. Sin embargo, insistieron en que este proceso debe llevarse a cabo de manera transparente y conforme a la ley. La solicitud a la Contraloría General del Estado busca esclarecer las dudas y garantizar la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos.
La adquisición de los 60 buses eléctricos forma parte de un plan más amplio de modernización del sistema de transporte público de Quito. La implementación de estos vehículos busca reducir la contaminación y mejorar la eficiencia del servicio. Sin embargo, el problema generado por el proceso de contratación ha puesto en duda la transparencia de la gestión municipal en este proyecto. La Contraloría General del Estado deberá ahora investigar las denuncias y determinar si se han cometido errores.
