La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar (FEPNAH) de Zamora Chinchipe, representadas por Leonidas Iza y Washington Tiwi, respectivamente, expresaron su firme respaldo al Proyecto de Ley Orgánica de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado. Esto ocurrió en la Comisión de Garantías Constitucionales este martes, 8 de julio de 2025, en un esfuerzo por garantizar un mecanismo de reparación histórica y reconocimiento de derechos.
Respaldo histórico a la consulta previa
Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, destacó la importancia de la ley como un mecanismo de reparación histórica. Afirmó que no se trata de un simple formalismo, sino de un derecho fundamental reconocido internacionalmente. Iza subrayó que la propuesta es un reflejo del reclamo histórico de los pueblos indígenas, afros y montubios.
La ley busca garantizar derechos y crear una legislación transversal. Además, estas comunidades son vitales en la defensa del territorio, la vida y el agua del país. Concluyó que esta ley es un acto de respeto y construcción democrática.
Voces de las comunidades y desafíos territoriales
Washington Tiwi, de la FEPNAH, también respaldó la iniciativa. Resaltó los avances en derechos de los pueblos y nacionalidades. Propuso construir el proyecto de forma participativa, incluyendo todas las voces. La ley debe ser articulada y pertinente. Esto permitirá el pleno ejercicio de derechos en un Estado plurinacional.
Tiwi instó a incluir artículos sobre reparación y remediación. Expresó preocupación por las concesiones mineras en Zamora Chinchipe. Más del 68 % de su territorio tiene concesiones. Esto evidencia una falta de control sobre la minería ilegal.
nquietudes legislativas y futuro de la ley
Los legisladores interactuaron activamente durante la sesión. Plantearon inquietudes sobre la participación efectiva del Estado y los pueblos. Preguntaron cómo asegurar que el proceso de consulta no quede en letra muerta. También cuestionaron cómo denunciar la política extractiva. Se abordaron preguntas clave como: ¿quién es el sujeto consultado? ¿Cómo se concibe el desarrollo territorial? ¿Cómo incluir a otros sectores no identificados? ¿Qué actividades deben estar sujetas a consulta? El asambleísta Fernando Cedeño enfatizó la necesidad de respetar los marcos jurídicos y normas internacionales.
Esta iniciativa representa un paso hacia la reparación histórica. Es también una construcción de un Estado verdaderamente plurinacional. La voz de las comunidades será un principio fundamental de justicia social.
