La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional decidió este jueves 1 de abril del 2025, no dar paso a la calificación del pedido de juicio político contra la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Esta petición se había solicitado por supuestas irregularidades en el sumario administrativo que suspendió a la vicepresidenta Verónica Abad. La moción, presentada por la asambleísta Sofía Espín del correísmo, solo obtuvo el respaldo de tres legisladores de su bancada. Mientras los cinco representantes de otros partidos votaron en contra, archivando la causa. La resolución se adoptó al límite del plazo establecido, a pocos días de la instalación de la nueva Asamblea el 14 de mayo.

El pedido de juicio político fue presentado el 14 de noviembre de 2024 por las asambleístas Jhairen Noriega (Revolución Ciudadana), Carla Cruz (Partido Social Cristiano), Mariana Yumbay (Pachakutik) y Cristina Chávez (independiente). Las legisladoras acusaron a Ivonne Núñez de incumplimiento de funciones en el caso de Abad, quien, además de vicepresidenta, ejerce como embajadora en Israel y Turquía. El conflicto se originó cuando el Ministerio de Trabajo suspendió a Abad mediante un sumario administrativo. Una medida que la Asamblea rechazó por considerarla improcedente para una autoridad electa por voto popular. La Corte Constitucional también intervino, declarando que el sumario no era un mecanismo válido para sancionar a Abad.

Comisión de Fiscalización no encontró méritos suficientes

Las causales del pedido de interpelación incluían la presunta inobservancia de instrumentos internacionales de derechos humanos, vulneración del debido proceso, discriminación y violencia de género contra la vicepresidenta. Sin embargo, la mayoría de la Comisión de Fiscalización no encontró méritos suficientes para avanzar con el juicio político. César Umajinga, asambleísta de Suma, argumentó que “el juicio político no es un acto de venganza, de revancha política. Ni puede ser utilizado como mecanismo de posicionamiento coyuntural”. Su postura reflejó el criterio de los cinco legisladores que votaron en contra, provenientes de Suma, el Partido Social Cristiano, Pachakutik y sectores independientes.

La votación en la Comisión, presidida por Pamela Aguirre del correísmo, evidenció las divisiones políticas en el Legislativo. Los tres votos a favor de la moción, todos de la bancada correísta, no fueron suficientes para superar la mayoría opositora. La decisión de archivar el pedido contra Ivonne Núñez se tomó al filo del plazo legal que tenía la Comisión para pronunciarse, en un contexto marcado por la proximidad del cambio de legislatura. El 14 de mayo, la nueva Asamblea Nacional asumirá funciones, lo que podría influir en futuros intentos de fiscalización contra autoridades del Ejecutivo.

Caso de Verónica Abad

El caso de Verónica Abad ha generado tensiones significativas entre el Ejecutivo y sectores de la oposición. Abad, fue suspendida tras un sumario administrativo, iniciado por el Ministerio de Trabajo, liderado por Ivonne Núñez. La medida fue cuestionada no solo por la Asamblea, sino también por la Corte Constitucional. Esta señaló que las sanciones a autoridades electas deben seguir procedimientos específicos que respeten el mandato popular. Este pronunciamiento fortaleció los argumentos de quienes se opusieron al juicio político, al considerar que las acciones de Ivonne Núñez no configuraban una infracción suficiente para justificar su censura.

El archivo del pedido de juicio político cierra, por ahora, un capítulo en la pugna política entre Abad, el Ejecutivo y la oposición legislativa. Sin embargo, el contexto político sigue siendo complejo, con una Asamblea fragmentada y un correísmo que ha intensificado sus esfuerzos de fiscalización contra el gobierno de Noboa. La relación entre el presidente y la vicepresidenta, marcada por desencuentros públicos, continúa siendo un punto de fricción que podría reactivarse en la nueva legislatura.