Es muy común utilizar la frase comercio justo, en verdad se trata de una oración simple con un sujeto sencillo que significa llanamente comprar o vender; y, un adjetivo que le da la esencia a la expresión y la califica, pues engloba no solamente la idea de justicia o razón, de darle a cada cual lo que le corresponde, de equidad, incluyendo la capacidad de juzgar comportamientos de las personas que intervienen en las transacciones, de allí que es erróneo pensar que solo se limite a un acto de mercadeo con un valor adecuado acorde con el bien que se va a transar.
Concepto superior que debe entenderse como crear oportunidades de reivindicar el estado de desventaja o debilidad social y económica que caracteriza a los pequeños agricultores, que son la mayoría, a través de relaciones mercantiles estables, a largo plazo basadas en el diálogo respetuoso entre cultivadores, compradores y consumidores, en el marco de los principios democráticos, transparencia y hasta rendición de cuentas que deben asumir los responsables de las decisiones hacia las comunidades.
Agrega un elemento especial a los productos sujetos a ese tratamiento, en el sentido que sean cultivados o elaborados respetando obligaciones sociales, salarios básicos señalados por ley, trabajadores afiliados a la seguridad social y veto total al trabajo infantil en cualquiera de las fases productivas con énfasis en el respeto absoluto a la mujer, incluyéndolas como parte esencial del negocio, sin ningún tipo de segregación. Se descarta toda discriminación por motivos de raza, clase, nacionalidad, religión, discapacidad, género, orientación sexual, afiliación sindical, afiliación política, VIH/sida, edad o de cualquier otra índole.
El centro de una actividad calificada como de comercio justo es el ser humano, su bienestar y no las ganancias, no uso de pesticidas atroces, absoluto respeto al medio ambiente. Los bienes transables que resulten de actividades así realizadas, se hacen acreedores a una certificación de comercio justo, con un distintivo, que equivale en la práctica recibir un bono económico o simplemente no comprar los que no han calificados dentro de las normas señaladas.
Este hecho ha sido recogido por la actual Constitución ecuatoriana y forma parte de preceptos legales que de ella se derivan e integra una de las peguntas que se formulará al pueblo en una probable consulta popular que obligaría la aplicación generalizada de este concepto en las relaciones comerciales del país.
