El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este miércoles 11 de junio del 2025 a través de su cuenta en X la convocatoria a una Consulta Popular para el 7 de agosto, con el objetivo de revivir su reforma laboral, rechazada por el Senado el 14 de mayo con 49 votos en contra. La decisión, que busca sortear la negativa del Congreso mediante un decreto presidencial, ha generado críticas de sectores políticos que la consideran una ruptura institucional, en un contexto de creciente polarización de cara a las elecciones de 2026.
Petro explicó que el decreto solo será derogado si el Congreso aprueba los puntos propuestos en la consulta antes de la fecha de las urnas. La reforma laboral, presentada como una prioridad del Gobierno, incluye 12 preguntas que abordan temas como la reducción de la jornada laboral a ocho horas, licencias por salud (incluidos dolores menstruales), salarios dignos para el campo y la eliminación de la tercerización laboral. Estas propuestas, presentadas por Petro el 1 de mayo, durante el Día del Trabajador.
Rechazo legislativo y controversia
La reforma laboral, archivada en marzo por la Comisión Séptima del Senado, donde el oficialismo carece de mayoría. Posteriormente, el 14 de mayo, el pleno del Senado también rechazó la posibilidad de realizar una consulta popular para revivir el proyecto. Gustavo Petro calificó esta decisión como un “fraude” y acusó a los legisladores de “hacer trampa”, sin presentar pruebas específicas. La convocatoria por decreto presidencial ha intensificado las críticas de la oposición, expresidentes y exministros del propio Gobierno, quienes argumentan que la Constitución colombiana otorga al Congreso la competencia exclusiva para convocar consultas populares.
Contexto político
La reforma laboral es un pilar del programa de Gustavo Petro, enfocado en mejorar las condiciones de los trabajadores en un país donde, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 56% de los empleos en 2024 eran informales. La propuesta busca garantizar derechos laborales y reducir desigualdades, pero ha enfrentado resistencia por su impacto en el sector empresarial y el presupuesto público. El rechazo del Senado refleja la falta de apoyo mayoritario para el oficialismo, liderado por el Pacto Histórico, en un Congreso fragmentado.
La decisión de Gustavo Petro de convocar la consulta por decreto ha avivado la polarización política. Sectores de oposición han advertido sobre una posible crisis institucional. Mientras que el Gobierno defiende la consulta como un mecanismo para que el pueblo ejerza su “orden constituyente”. La disputa coincide con el inicio del proceso electoral para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, lo que ha elevado las tensiones entre el Ejecutivo y la oposición.
Reacciones y próximos pasos
El anuncio ha generado reacciones mixtas. Mientras algunos sectores sociales y sindicatos apoyan la iniciativa, líderes políticos han cuestionado su legalidad. La Corte Constitucional podría ser llamada a pronunciarse sobre la validez del decreto, dado que la convocatoria a consultas populares requiere, según el artículo 104 de la Constitución, la aprobación previa del Congreso. Hasta el momento, el Gobierno no ha detallado los costos ni la logística de la consulta, que deberá organizarse en menos de dos meses.
La polarización generada por esta decisión podría influir en el clima político de Colombia, mientras el país se prepara para un año electoral clave. El desenlace de esta controversia será crucial para el futuro de la reforma laboral y la gobernabilidad de Gustavo Petro.
