El Consejo de la Judicatura (CJ) dispuso la suspensión sin goce de sueldo por tres meses del juez de Tribunal de Garantías Penales de Chone, provincia de Manabí. El funcionario, identificado únicamente como F.H.A.Z., recibió la sanción a raíz de una denuncia por presunto acoso sexual laboral. La medida, adoptada este miércoles 23 de julio de 2025, está fundamentada en una investigación administrativa que se continúa desarrollando, informó la entidad encargada de velar por la disciplina funcional.
La denuncia formal se presentó el 18 de julio de 2025 una funcionaria judicial. La mujer acusó al juez de enviarle, vía WhatsApp, un video de contenido sexual explícito. Junto al material, el juzgador incluiría expresiones calificadas como ofensivas y misóginas. Al cuestionar su comportamiento, la víctima habría recibido comentarios intimidatorios que incrementaron el nivel de hostigamiento.
Juez de Chone investigado
Según la relato de la denunciante, el video habría sido compartido con otros trabajadores del Complejo Judicial de Chone. Aquello impactó negativamente tanto en su integridad personal como profesional, «generando un ambiente de trabajo hostil y degradante».
El análisis jurídico preliminar realizado por el CJ concluyó que existen indicios suficientes para sostener la imputación. La decisión de suspender al juez se encuentra amparada en el artículo 269, numeral 5, del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y en el artículo 50 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria, normas que facultan a la institución para apartar a un juez en presencia de infracciones graves o gravísimas, informó la Judicatura.
Argumentos de la entidad
La suspensión temporal busca preservar la imparcialidad del proceso disciplinario y evitar que el acusado ejerza influencia sobre la investigación o sobre la persona denunciante, dice la entidad. Esta medida preventiva, afirma, garantiza que las averiguaciones se realicen con objetividad, sin interferencias de ninguna índole, mientras se determina si corresponde imponer sanciones más severas.
En su comunicado, el Consejo de la Judicatura reiteró su compromiso con la protección de derechos de los servidores judiciales y la erradicación de toda forma de violencia en el ámbito laboral. Asimismo, enfatizó su «adhesión inquebrantable a los principios de ética y probidad que deben regir en la administración de justicia». (37).
