Cinco personas fueron condenadas el 31 de mayo en el Complejo Judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas. Esto, tras tres años de proceso por el delito de lavado de activos relacionado con el caso PipMaster, una estructura que, según la Fiscalía, habría captado ilegalmente millones de dólares de inversionistas a nivel nacional.
Condenas y disolución empresarial
El Tribunal de Juicio Penal dictó una sentencia de tres años y cuatro meses contra Cristhian J., considerado autor del delito de lavado de activos, luego de que admitiera los cargos imputados. Además, sentenció a un año y un mes de prisión a Natalia G., Priscila Z., Vicente S. y Christian R., todos en calidad de cómplices. El Tribunal ordenó también disolver y liquidar 26 personas jurídicas vinculadas a la red empresarial que, según los informes judiciales, movilizó los fondos captados ilegalmente.
La Fiscalía General del Estado ya anunció que apelará por escrito las penas impuestas. Esto, tras considerarlas insuficientes en relación con la magnitud del perjuicio económico causado.
Una estructura de fachada para captar fondos
El proceso penal comenzó el 12 de julio de 2022, cuando se ejecutaron allanamientos simultáneos en varias provincias. En esa jornada fueron detenidos los implicados, tras una investigación que reveló una estructura de captación ilegal de dinero disfrazada de holding financiero y respaldada por múltiples empresas ficticias. De acuerdo con la Fiscalía, los condenados ofrecían rendimientos de hasta el 30% sobre supuestas inversiones, sin contar con la autorización de organismos financieros como la Superintendencia de Compañías o la Superintendencia de Bancos. Para dar una apariencia de legalidad, constituyeron firmas en sectores como gastronomía, entretenimiento y deportes.
Los peritos financieros determinaron que los implicados captaron ilegalmente 41 millones de dólares. De estos, lavaron al menos 18 millones mediante transferencias, triangulaciones y adquisición de bienes.
Un caso emblemático de fraude financiero
Varios analistas han comparado el caso PipMaster con otros esquemas piramidales que afectaron la economía ecuatoriana en años recientes. Con la sentencia ya emitida, las partes involucradas tienen la posibilidad de presentar recursos de apelación y casación. Esto podría extender el proceso por varios meses más. La Fiscalía deberá sustentar su pedido de aumento de penas y las defensas podrían insistir en nulidades o rebajas. En paralelo, se espera que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Procuraduría General del Estado colaboren en el rastreo de los fondos aún no recuperados. Las investigaciones podrían derivar en nuevas imputaciones si se detectan más implicados o empresas pantalla (31).
