Tres allanamientos entre Manabí y Los Ríos en una investigación por concusión
Entre las provincias de Manabí y Los Ríos se desarrollaron tres allanamientos de manera simultánea debido a un solo caso.
La Fiscalía lleva adelante una investigación donde se investiga el presunto cometimiento de delito de concusión.
Los investigados son funcionarios públicos. No se dio a conocer en qué cantones de Manabí y Los Ríos se dieron los allanamientos.
Tampoco se dio a conocer a qué institución pública pertenecen los funcionarios que son investigados.
La Fiscalía General del Estado informó que se recabaron indicios como computadores, dispositivos móviles y de almacenamiento.
La investigación está a cargo de la Fiscalía de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que inició el proceso en abril de 2024, tras una denuncia.
Según la entidad, funcionarios judiciales habrían exigido 30 mil dólares a una persona, a cambio de gestionar un “fallo favorable” en segunda instancia.
El presunto cometimiento del delito se dio en julio de 2023. A raíz de eso se dieron estos tres allanamientos entre Manabí y Los Ríos.
Allanamientos entre Manabí y Los Ríos
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su artículo 281 determina la concusión como un delito que cometen servidores públicos.
También pueden incurrir ciudadanos naturales que actúen en virtud de una potestad estatal, en alguna de las instituciones del Estado.
Que abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas.
Es decir, es un delito que se presenta cuando un funcionario público, en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona una gratificación de cualquier tipo.
También incluye el cobrar más de lo que corresponde por las funciones que realiza.
Las personas que incurran en esta infracción serán sancionadas con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
No obstante, si este ilícito se concreta mediante violencia o amenazas, la o el servidor público recibirá una pena de cinco a siete años de cárcel.
