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Esta medida se adoptó tras el pedido de una de las procesadas, Nicole Bonifaz, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Los acusados enfrentan cargos de asociación ilícita por la presunta planificación de una estrategia para controlar instituciones estatales y beneficiar al movimiento de la Revolución Ciudadana.
Los involucrados son la exasambleísta Esther Cuesta, el secretario de Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, y Raúl González Carrión, exdesignado de la Superintendencia de Bancos.
