El 29 de julio de 2025, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), de la Asamblea Nacional, recibió el cuarto proyecto de ley urgente del Ejecutivo para su análisis. La propuesta, enfocada en controlar flujos irregulares de capitales, ingresó a la Asamblea Nacional para revisión. La Unidad Técnica Legislativa (UTL) emitirá un informe en tres días sobre los requisitos legales. Posteriormente, el CAL asignará la comisión especializada para tramitar el proyecto.
Las bancadas Acción Democrática Nacional (ADN) y Revolución Ciudadana (RC), con mayor representación, iniciaron el estudio del documento. La propuesta busca regular fundaciones que podrían financiar actividades ilícitas, como delincuencia organizada o minería ilegal. Valentina Centeno, coordinadora de ADN, explicó: “Golpearemos las economías criminales que usan fundaciones como pantalla”. La iniciativa no afectará a fundaciones con fines sociales.
El proyecto de ley exige mayor rigurosidad en la creación de fundaciones y la rendición de cuentas al Estado. Centeno aclaró que no se relaciona con el mandato 16 del correísmo. La propuesta también incluye un impuesto a las utilidades, aún bajo revisión. Las bancadas analizarán si beneficia a la ciudadanía antes de pronunciarse.
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Proyecto de ley y control de fundaciones
Blasco Luna, de Revolución Ciudadana, señaló: “Si el proyecto favorece a los ecuatorianos, lo apoyaremos; si busca despidos o condonar deudas, no contarán con nosotros”. Él destacó la necesidad de regular fundaciones tras años de falta de control. Los recursos deben canalizarse a sectores vulnerables, según Luna. La bancada espera el texto completo para evaluar su posición.
La propuesta busca trazabilidad en los fondos de fundaciones para evitar usos ilícitos. Luna apoyó un impuesto al 12% del IVA a utilidades, siempre que grave a quienes más ganan. Sin embargo, rechazó cualquier intento de condonar deudas de grandes corporaciones. La regulación garantizará que las fundaciones sociales operen sin restricciones.
Análisis legislativo en curso
La UTL verificará el cumplimiento de requisitos legales antes de enviar el proyecto a una comisión. Las bancadas ADN y RC coordinan revisiones para emitir posturas. El CAL supervisará el proceso para garantizar transparencia. La ciudadanía espera un análisis objetivo del proyecto.
La Asamblea Nacional prioriza el control de flujos ilícitos sin afectar fundaciones legítimas. El debate determinará si el proyecto de ley avanza al Pleno. Las bancadas piden claridad en los impuestos propuestos. La regulación busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado.
