La aplicación de reserva en procesos de concesión o venta de activos de empresas públicas es ilegal y niega a los ciudadanos la posibilidad de conocer el manejo de bienes que son parte del patrimonio estatal.
El año anterior, al conocerse el secretismo con el que se manejaba la venta del Banco del Pacífico, la Corporación Financiera Nacional tuvo que cambiar las cláusulas que establecían la reserva en la información al proceso.
Sin embargo, hay otros casos en los que el Estado mantiene un incomprensible secreto, como ocurre con la negociación para el manejo del aeropuerto Eloy Alfaro, de Manta.
Esta infraestructura, que aún no ha sido concluida, se negocia con una empresa pública coreana, pero el Gobierno no ha revelado detalles a pesar de los pedidos que han hecho gremios y organizaciones ciudadanas.
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que toda información de instituciones que manejen fondos públicos debe ser puesta a disposición de los ciudadanos, con excepción de la relacionada con sectores estratégicos y con la defensa nacional.
Los funcionarios públicos no tienen por qué negarse a publicar información que debería ser de pleno conocimiento general. Hacerlo es ilegal.
