Solange Arellano Zhingri, abogada y funcionaria del área de Asuntos Internos de la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD), fue asesinada la mañana de este lunes 20 de abril de 2026. El hecho de sangre se registró aproximadamente a las 07h30, mientras la víctima se desplazaba en su vehículo por el puente de la Unidad Nacional, en Guayaquil. El cuerpo de la profesional quedó sin vida dentro del automotor tras recibir varios impactos de bala.
El principal sospechoso de este acto violento ha sido identificado por las autoridades como Gustavo Castro Vásquez, quien se desempeñaba como sargento segundo de la Policía Nacional y laboraba en el Distrito El Carmen, provincia de Manabí. Según consta en el informe preliminar de la Policía Nacional, el agresor se comunicó vía telefónica con una hermana de la víctima poco después del atentado.
La mujer era funcionaria pública en Durán
Durante la conversación, el uniformado habría confesado la autoría del asesinato y realizado una petición directa a su cuñada: que se hiciera cargo de su hijo, un menor de 11 años de edad, expresando su arrepentimiento por el acto cometido. Tras la alerta del suceso, las unidades de inteligencia iniciaron un seguimiento técnico mediante el sistema de videovigilancia de la zona.
Las cámaras permitieron visualizar al sospechoso movilizándose en un automóvil Mazda de color blanco, vehículo registrado a nombre de Castro Vásquez. El seguimiento a través de los dispositivos de seguridad permitió detectar la trayectoria del automotor, el cual fue ubicado desplazándose hacia el sector del Distrito Pascuales, al norte de la ciudad, donde se confirmó que estaba muerto. Se presume que se suicidó.
La víctima, Solange Arellano, ejercía funciones relevantes en el departamento de Asuntos Internos de la Autoridad de Tránsito de Durán, una institución que ha sido objeto de atención pública debido a procesos de intervención estatal. Su deceso ha causado conmoción en el gremio jurídico y en la institución municipal donde laboraba.
Recolección de casquillos en la escena
Las autoridades competentes han iniciado las diligencias de ley para la recolección de casquillos en la escena del crimen para cotejarlos con el arma de dotación policial de Castro. Hasta el momento, el caso es tratado bajo las directrices de violencia de género, mientras la Fiscalía General del Estado trabaja en la judicialización del hecho.
La Policía Nacional, por su parte, ha ratificado su compromiso de colaboración con la justicia para esclarecer este caso, el cual involucra a un miembro activo de su institución, asegurando que se aplicarán los protocolos administrativos y penales correspondientes para determinar la responsabilidad total del implicado en este hecho.
