La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este viernes 16 de mayo, en una sesión especial, una reforma parcial a la Constitución que prohíbe la doble nacionalidad, salvo en casos de ciudadanía centroamericana. La medida fue adoptada por unanimidad de los 91 diputados y forma parte de un proceso que debe ratificarse nuevamente en 2026, como establece la legislación del país.
Reforma con contenido político simbólico
La enmienda afecta los artículos 23 y 25 de la Constitución Política de Nicaragua y establece que cualquier ciudadano nicaragüense que adquiera otra nacionalidad perderá su condición de nacional. La única excepción será para ciudadanos de países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), quienes podrán conservar ambas nacionalidades.
La Asamblea justificó la reforma como un acto de «amor y lealtad con la soberanía y autodeterminación» del país, evocando al héroe nacional Augusto C. Sandino. El presidente del Parlamento, Gustavo Porras, afirmó que quien adopta otra nacionalidad “rompe el vínculo jurídico y moral con la historia del país”.
Contexto: represión y exilio
La aprobación de esta enmienda ocurre en un contexto de represión política y desplazamientos forzados. Desde 2018, tras las protestas antigubernamentales, el Gobierno de Daniel Ortega ha retirado la nacionalidad a más de 400 ciudadanos, incluyendo a 222 opositores deportados a Estados Unidos en febrero de 2023, según el observatorio Monitoreo Azul y Blanco.
Muchos de los afectados por esta medida son líderes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos, quienes posteriormente han adquirido nacionalidad extranjera para protegerse del hostigamiento del régimen. La nueva reforma institucionaliza esta práctica, dejando fuera de la ciudadanía a quienes el Gobierno ya ha considerado “traidores de la patria”.
Repercusiones en Nicaragua
Aunque la reforma fue aprobada en primera legislatura, aún debe pasar por una segunda votación en 2026 para entrar en vigor. Así lo estipula la Constitución de Nicaragua en su procedimiento para reformas parciales. Dado el control absoluto del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la Asamblea, la ratificación se considera altamente probable.
La medida podría impactar a miles de nicaragüenses en el exterior, principalmente en Estados Unidos, España y Costa Rica. Estos países acogen grandes comunidades de exiliados. La pérdida automática de la nacionalidad al adquirir otra podría dificultar el regreso al país, el acceso a propiedades o herencias, e incluso derechos básicos como la identidad y la familia.
