453 mil funcionarios públicos enfrentarán una evaluación con nuevo sistema integral. La Ley de Integridad Pública, en vigencia desde el 26 de junio del 2025, impulsa este proceso.
La evaluación de funcionarios públicos se basa en seis parámetros claros: cumplimiento de metas, calidad del trabajo, conducta institucional, eficiencia, responsabilidad y aportes al mejoramiento institucional. Por ahora, la evaluación no se ha aplicado ya que el Ministerio del Trabajo finaliza el reglamento con rangos de calificación y funciones específicas para cada criterio.
Este reglamento determinará el peso de cada parámetro en la valoración total. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, indicó en noticiero Televistazo que el puntaje final para la evaluación será de 100, dividido entre los seis parámetros. Se definirán cuáles serán los más relevantes y cómo influirá la calificación entre compañeros y ciudadanos. Esta puntuación jerarquizará a los servidores públicos según su desempeño, asegurando transparencia y rigor en el proceso.
Clasificación y consecuencias de la evaluación de funcionarios públicos
Los resultados de la evaluación de funcionarios públicos recibirán cinco posibles calificaciones. Aquellos con desempeño ‘muy bueno o excelente’ podrán acceder a ascensos y recategorización. Los calificados como ‘satisfactorios’ tendrán acceso a programas de capacitación para mejorar. En cambio, si su calificación es ‘regular’, deberán someterse a reevaluación en tres meses; la falta de mejora puede llevar a su destitución. Por último, quienes obtengan un puntaje ‘insuficiente’ serán destituidos con un sumario administrativo, aunque conservan derecho a defensa y presentación de pruebas.
La destitución automática ocurrirá sólo con calificaciones de 50 o menos en la puntuación total, reforzando la finalidad de elevar la calidad institucional y la prestación de servicios a la ciudadanía.
Exclusiones y próximos pasos
La evaluación de funcionarios públicos no incluirá empleados de la función legislativa, judicial, electoral, policías ni fuerzas armadas, quienes tienen sus propios parámetros de valoración según la normativa vigente.
El Ministerio de Trabajo presentará el reglamento oficial la próxima semana y planifica un simulacro en septiembre u octubre del 2025. A partir del próximo año, esta evaluación se aplicará semestralmente y se ejecutarán medidas estrictas basadas en los puntajes obtenidos.
