La minería ilegal afecta al menos 20 de las 24 provincias de Ecuador, operada por redes de crimen transnacional que han desplazado a la droga por minerales ilícitos, afirmó María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, este martes 13 de mayo de 2025 en una entrevista a un medio nacional.
María Eulalia Silva, alertó sobre la expansión de la minería ilegal en el país, un problema que calificó como “peor de lo que suponemos”. Detalló que esta actividad ilícita opera en 20 de las 24 provincias, con mayor intensidad en 14. Además, destacó que la minería ilegal no es un fenómeno aislado, sino parte de un esquema de crimen organizado transnacional que también afecta a países como Perú, Colombia, Venezuela y Brasil.
La reciente emboscada a 11 soldados en Alto Punino, Orellana, mientras combatían la minería ilegal, evidencia la peligrosidad de estas operaciones. Según Silva, las mafias transnacionales han encontrado en los minerales ilícitos un “producto estrella” que supera en rentabilidad al narcotráfico.
Impacto ambiental de la minería
La minería ilegal no solo representa una amenaza a la seguridad, sino que deja una huella devastadora en el medioambiente. Silva explicó que el uso de mercurio en estas actividades contamina ríos y ecosistemas. “Un gramo de mercurio puede contaminar hasta 200 000 litros de agua. Hay comunidades en la Amazonía que no pescan desde hace años porque los ríos están envenenados”, señaló. Parques nacionales y áreas protegidas, donde no debería haber actividad minera, también están siendo explotados ilegalmente.
En términos económicos, las pérdidas son significativas. Aunque no existen cifras exactas, autoridades militares estiman que la minería ilegal mueve más de 1 000 millones de dólares, recursos que podrían destinarse a educación y desarrollo comunitario. Silva destacó que el subregistro de estas actividades dificulta dimensionar el impacto total, pero el daño a los recursos geológicos y la economía es innegable.
Propuestas para frenar la crisis
Para enfrentar esta problemática, Silva propuso abrir el catastro minero como una medida inicial, aunque aclaró que no será una solución definitiva. Esta acción permitiría regular mejor las concesiones y evitar la explotación en zonas no autorizadas. Asimismo, instó a las autoridades a rastrear el dinero generado por la minería ilegal, así como la ruta del mercurio y la maquinaria utilizada en estas operaciones.
Además, la presidenta de la cámara enfatizó la necesidad de un enfoque regional, dado que el crimen transnacional no respeta fronteras. “Los países no estaban preparados para este problema, pero debemos trabajar juntos”, afirmó. La experta también abogó por promover la minería legal en zonas adecuadas, destacando el potencial geológico de Ecuador para generar ingresos de manera responsable.
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