El número de menores de edad (de 12 a 17 años) aislados ha crecido en Ecuador un 32% en los últimos tres años, según el informe más reciente del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

Ecuador tiene 11 Centros de Adolescentes Infractores en nueve provincias que, hasta mayo de 2025, registraban 475 aislados (ver gráfico). De ellos, 22 son mujeres. Hasta 2022 había 360. El 2023 terminó con 373. El 2024, con 432. Ese crecimiento sostenido evidencia cómo la criminalidad ha usado el reclutamiento de menores como estrategia.

Casos recientes que evidencian el problema

El pasado 8 de junio, por ejemplo, en el sector Divino Niño de Durán (Guayas), tras una persecución, un joven de 16 años —sospechoso de asesinar a dos personas minutos antes— fue abatido.

Un día después, el 9 de junio, la Policía detuvo en el barrio El Coral, al sur de Esmeraldas, a cinco personas acusadas de extorsión y sicariato. Tres de ellos tenían entre 13 y 16 años.
El Ministerio del Interior se queja de la permeabilidad del sistema judicial: de enero al 10 de junio de 2025, un total de 1.179 menores fueron aprehendidos. La mayoría fueron liberados inmediatamente.

Sistema penal diferenciado para los menores infractores

En Ecuador, se considera infractor a un adolescente cuando es autor o partícipe de un hecho punible, es decir, un delito. El sistema de justicia para ellos es diferente al de los adultos, con foco en la rehabilitación y su protección integral.

Los adolescentes son inimputables: no son juzgados por jueces penales ordinarios ni reciben las sanciones previstas en la ley. En su lugar, se aplican medidas socioeducativas (orientación familiar, servicio a la comunidad, internamiento domiciliario).

El creciente reclutamiento de menores por las bandas del crimen organizado condujo al Ejecutivo a crear, el pasado 5 de junio, un comité especial conformado por 17 instituciones, como: la Vicepresidencia; los ministerios de Inclusión, Salud, Educación, Trabajo y Relaciones Exteriores; el SNAI; el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, entre otros.

Infraestructura precaria y propuestas legislativas

El Ministerio de Inclusión, por ejemplo, tiene a su cargo implementar casas de acogida para niños rescatados de grupos de delincuencia organizada. Algo difícil de cumplir para analistas, pues actualmente hay Centros de Adolescentes Infractores que no operan (como el de Machala) y otros como el de Guayaquil que no brinda las mejores condiciones para los aprehendidos.

En la Asamblea hay, contradictoriamente, otras propuestas. Los asambleístas Andrés Castillo y Andrés Guschmer, ambos de AND, propusieron este martes juzgar a los menores que cometen delitos graves bajo las mismas condiciones que los adultos e implementar esta iniciativa en la Ley de Gestión Pública que se debate en el Legislativo.

Ecuador está suscrito a la Convención sobre los Derechos del Niño, que exige a los países que tengan un sistema penal para los adolescentes infractores diferente al de los adultos. “Por tanto, el país debe respetar y cumplir esas normas, que están por sobre la Constitución”, explica Jorge Luis Ortega, abogado, máster en Derecho Penal y docente universitario.

¿Castigar o reeducar?: el debate ético y legal

“Esto tiene una razón de ser, porque no estamos tratando con un ser humano en el ciento por ciento desarrollado en su actividad física, psicológica, educativa o cultural. No es adecuado que a los adolescentes se los sancione como adultos, elevando el tiempo de internamiento, porque eso no soluciona la criminalidad” señala Ortega.“

Harold Burbano, ministro de Inclusión Económica y Social, ha declarado que «Ecuador tiene 20.000 familias con niños, niñas y adolescentes ubicadas en zonas con mayor intensidad del conflicto armado. Esto se traduce en que los menores de esas familias son más propensos a ser reclutados por los grupos delictivos”.

Ecuador tiene 11 centros para aislar a menores según el SNAI

El reclutamiento de menores por parte de las bandas criminales en Ecuador tiene ahora un nuevo epicentro: Orellana, impactada por la proliferación de la minería ilegal de oro en los ríos amazónicos y con presencia de disidencias de la desmovilizada guerrilla, como Comandos de la Frontera.

La región amazónica se ha convertido en una de las zonas calientes de este fenómeno, al igual que Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas y los pasos fronterizos, afirma Harold Burbano, ministro de Inclusión Económica y Social. “El Gobierno está interviniendo de forma prioritaria. Si hacemos una evaluación a nivel general, de las 55.000 o 60.000 personas vinculadas a las bandas de delincuencia, cerca de un 5% son niños”.

El ministro explica que, junto al Ministerio del Interior, trabajan para crear un mapa de georreferenciación para identificar las zonas más vulnerables. “La información es reservada y no puedo aterrizar los cantones concretos para no romper la estrategia del Bloque de Seguridad«. (36)

Por Allen Panchana.