En 2025, 250 denuncias han llegado a la Fiscalía por parte de médicos y salubristas públicos que enfrentan extorsiones y amenazas constantes. Los profesionales del sector denuncian la falta de protección en su entorno laboral, lo que afecta directamente la calidad del servicio sanitario ofrecido. El problema se agrava especialmente en la zona rural de Guayas, donde el gremio asegura que los casos sumaron cerca de 700 en el 2024.
Héctor Rosero, presidente del Colegio de Médicos del Guayas, expresó al noticiero Televistazo, de Ecuavisa, su preocupación y pidió audiencia con los ministerios del Interior y de Gobierno para exponer esta problemática. Su objetivo es contener la violencia que crece dentro de las instalaciones hospitalarias públicas y los centros de atención sanitaria.
Extorsiones a médicos en Guayas: reuniones con autoridades
Según Rosero, ya existe una comunicación oficial desde la Asamblea Nacional para coordinar un encuentro con el presidente de la Comisión de Salud, Juan José Reyes. Estas acciones buscan crear un espacio de diálogo que conduzca a estrategias efectivas para garantizar la seguridad de los profesionales. Además, Rosero subrayó que las amenazas no solo ocurren fuera, sino también dentro de hospitales y dispensarios.
Este panorama refleja la vulnerabilidad que enfrentan los salubristas en su trabajo diario. En muchos centros del Ministerio de Salud Pública, el servicio de seguridad no opera con la eficacia necesaria. Incluso, en varios casos, el personal de seguridad ha enfrentado problemas con el pago de sus salarios, lo que reduce aún más la protección disponible para el personal médico.
Falta de seguridad en hospitales públicos agrava la amenaza
Casos recientes reportados en hospitales como Guasmo Sur y Monte Sinaí evidencian la gravedad del problema. En Monte Sinaí, por ejemplo, hasta hace poco no existía seguridad debido a retrasos en la remuneración del personal encargado. Esta falla en la seguridad pone en riesgo la integridad física y emocional de los profesionales que deben atender a la población.
El vicepresidente de la Asociación de Médicos Rurales, Jhoel Maldonado, confirmó que la inseguridad obliga a modificar la forma en que se brinda atención. Aunque no se han cerrado las unidades de salud, sí se restringen ciertas actividades que implican desplazamientos peligrosos. La seguridad se convierte en un requisito indispensable para el correcto funcionamiento del sistema sanitario.
Impacto en la atención médica rural: cambios en el servicio
Maldonado explicó que el trabajo en terreno se limita en áreas consideradas de alto riesgo por las constantes amenazas y extorsiones. “El trabajo de campo se evita en zonas peligrosas y sus alrededores,» indicó. El servicio médico se concentra en la atención dentro de las instalaciones, limitando la expansión de la cobertura rural. Estas restricciones afectan directamente a comunidades que dependen de la salud pública.
Además, la situación ha generado inquietud entre los profesionales y la población usuaria. Las autoridades sanitarias aún no han dado una respuesta oficial clara ni han implementado medidas que garanticen la protección necesaria. De momento, el Ministerio de Salud Pública no se ha pronunciado. (07)
