El proyecto económico urgente para desactivar economías criminales, impulsado por el presidente Daniel Noboa, introduce penas de hasta 25 años por pertenecer a estructuras criminales organizadas, incluso sin haber cometido un delito. Este martes 27 de mayo, desde las 18h50, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional se reúne para aprobar el informe de primer debate, buscando fortalecer la lucha contra el crimen organizado en Ecuador mediante sanciones más estrictas y colaboración con el sector privado.
La propuesta, en discusión desde el 21 de mayo, ha contado con aportes de ministros, juristas, empresarios y representantes de las fuerzas del orden. La presidenta de la Comisión, Valentina Centeno, destacó que el proyecto fomenta la unión entre el Estado y la empresa privada para enfrentar a las bandas criminales. Entre las medidas clave, se permite a las empresas donar hasta un 30% de su Impuesto a la Renta en insumos, equipamiento y bienes inmuebles para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en el contexto del conflicto armado interno.
Colaboración público-privada
El proyecto de ley de economías criminales establece que las empresas podrán donar materiales como armas de fuego, vehículos tácticos, tecnología, drones y hasta infraestructuras para Unidades de Policía Comunitaria (UPC). Estas donaciones, que incluyen bienes inmuebles no contemplados en la propuesta original, deben ser aprobadas por los ministerios del Interior o de Defensa, según corresponda, y valoradas por el Servicio de Rentas Internas (SRI) para determinar beneficios tributarios. “Las fuerzas del orden han explicado que necesitan equipamiento para modernizarse y enfrentar a las bandas en mejores condiciones”, afirmó Centeno.
Esta colaboración busca fortalecer las capacidades operativas de la Policía y las Fuerzas Armadas, que han señalado desventajas frente a la delincuencia organizada. La Comisión ha procesado en menos de una semana las contribuciones de diversos sectores. Se incluyen testimonios de agentes que enfrentan a estas bandas, para garantizar que el proyecto responda a las necesidades reales del país.
Reformas penales y controversias
El proyecto introduce cambios significativos en los procedimientos judiciales. Entre las reformas más destacadas está la sanción por pertenecer a una estructura criminal, con penas que podrían superar los 25 años, incluso sin pruebas de delitos cometidos. Esta medida ha generado debate, ya que busca disuadir la participación en bandas delictivas, pero plantea retos legales sobre su aplicación.
Además, se establecen reglas más estrictas para quienes generen “disturbios y terrorismo” en las calles. Los casos de delincuencia organizada serán manejados por los actuales jueces anticorrupción, en lugar de crear una nueva figura judicial, como inicialmente propuso el Ejecutivo. La Comisión también extendió el plazo para investigaciones de 15 a 90 días, atendiendo sugerencias de abogados penalistas que abogaron por procesos más robustos.
Contexto de la lucha contra el crimen
Ecuador enfrenta un aumento de la delincuencia organizada, con bandas que han intensificado la violencia en varias regiones. El presidente Noboa ha priorizado la seguridad como eje de su gestión, declarando un conflicto armado interno para combatir a estos grupos. El proyecto económico urgente se alinea con esta estrategia, buscando cortar las fuentes de financiamiento de las economías criminales y fortalecer las capacidades del Estado.
La iniciativa refleja un esfuerzo por modernizar las fuerzas del orden y endurecer las sanciones contra el crimen organizado. Pero también ha generado preocupaciones sobre los derechos de los acusados y la capacidad judicial para manejar los nuevos procedimientos. La aprobación del informe de primer debate marcará un paso clave hacia la implementación de estas reformas, que buscan garantizar mayor seguridad para los ecuatorianos. Esto, mediante una estrategia integral que combina sanciones, cooperación público-privada y modernización de las fuerzas del orden.
