La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso Liga2, investigado por presunta asociación ilícita, fue diferida nuevamente. La jueza nacional Daniella Camacho decidió posponer la diligencia del 28 de enero al 16 de marzo de 2026, a las 9h30, en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en Quito. Esta medida se adoptó tras el pedido de una de las procesadas, Nicole Bonifaz, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), quien argumentó que su abogada, Marcela Estrella Buchelli, debe salir del país por motivos académicos.
El caso Liga2 involucra a exintegrantes del CPCCS y miembros de la denominada Liga Azul, grupo cercano al correísmo. Los procesados incluyen a Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, antiguos miembros del CPCCS. Incluso a Nicole Bonifaz, aún en funciones; Andrés Arauz, excandidato presidencial de la Revolución Ciudadana (RC); Raúl González, electo superintendente de Bancos en 2022; y Esther Cuesta, exasambleísta de RC.
La Fiscalía General del Estado acusa a estos individuos de coordinar acciones para designar irregularmente a González como titular de la Superintendencia de Bancos, incumpliendo un dictamen de la Corte Constitucional emitido en diciembre de 2024. Los hechos investigados ocurrieron entre diciembre de 2024 y los primeros meses de 2025.
Advertencia de la jueza sobre futuros aplazamientos
Según diario El Universo indicó que la jueza Camacho aclaró que el proceso ha enfrentado múltiples diferimientos previos, todos solicitados por los sujetos procesales involucrados. En esta ocasión, advirtió que la audiencia del 16 de marzo no se pospondrá bajo ninguna circunstancia. Asimismo, no se aceptarán más pedidos de aplazamiento.
En paralelo, dentro del mismo proceso, el fiscal general del Estado encargado, Carlos Leonardo Alarcón, solicitó la recepción del testimonio anticipado de la ciudadana Mónica J., quien forma parte del Sistema de Protección de Víctimas y Testigos. La jueza Camacho convocó esta diligencia para la mañana del 29 de enero.
Eduardo Franco Loor, uno de los procesados, expresó su oposición, argumentando que Mónica J. no rindió testimonio durante la investigación previa ni la instrucción fiscal. Sin embargo, la magistrada desestimó el reclamo, explicando que no existe norma legal que impida a una persona declarar sin haberlo hecho anteriormente en etapas previas.
Contexto institucional y desafíos judiciales
El caso Liga2 se enmarca en un contexto de investigaciones sobre posibles redes de influencia política en Ecuador, particularmente vinculadas al correísmo y al control de entidades como la Superintendencia de Bancos.
La designación irregular alegada podría haber afectado la supervisión del sector financiero, según el dictamen constitucional que prohibía tales acciones. Hasta la fecha, el proceso ha avanzado con énfasis en la recopilación de evidencias, incluyendo testimonios protegidos para salvaguardar la integridad de los testigos.
