Un menor de edad fue procesado por la justicia ecuatoriana en Jipijapa, provincia de Manabí. Está acusado de integrar un grupo delictivo que exigía dinero a comerciantes bajo amenazas. Otros tres implicados, mayores de edad, enfrentan cargos por presunta extorsión agravada, luego de un operativo policial que se ejecutó tras múltiples denuncias ciudadanas.
Grupo exigía hasta 10.000 dólares a cambio de “protección”
La Fiscalía General del Estado imputó cargos contra cuatro personas, incluido un adolescente de 17 años, por su presunta participación en una serie de extorsiones ocurridas en el cantón Jipijapa. Según la investigación preliminar, el grupo habría exigido sumas de dinero que alcanzaban los 10.000 dólares a cambio de no atacar negocios o viviendas.
Las denuncias presentadas por comerciantes locales, quienes reportaron llamadas, mensajes y visitas intimidatorias. En algunos casos, los sospechosos habrían realizado disparos contra fachadas de locales o viviendas como método de presión. También dejaron panfletos con amenazas escritas.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal del caso presentó testimonios, pericias balísticas y evidencia física recolectada en los allanamientos, incluidos teléfonos celulares, municiones, armas de fuego, dinero en efectivo y motocicletas.
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Enfrentamiento armado permitió identificar al grupo
El caso tomó relevancia tras un operativo donde a los agentes los recibieron a tiros cuando llegaron a una vivienda donde operaban los sospechosos. En el intercambio de disparos, uno de los presuntos miembros del grupo murió.
El menor de edad escapó inicialmente del lugar. La Policía después de tres allanamientos simultáneos, en Jipijapa, donde fueron detenidos. Ellos son Aaron A., Kevin T. y Luis V., y el adolescente fue aislado. Todos fueron puestos a disposición judicial.
El juez especializado en adolescentes infractores ordenó internamiento preventivo para el menor en un centro juvenil, mientras que los otros tres implicados recibieron prisión preventiva en un centro de privación de libertad para adultos.
Delincuencia organizada involucra cada vez más a menores
Este caso reabre el debate sobre la participación de adolescentes en estructuras criminales en la región Costa. Según expertos en seguridad, las bandas organizadas reclutan jóvenes debido a su situación de vulnerabilidad social y porque las leyes contemplan penas menos severas para menores.
La instrucción fiscal durará 30 días, tiempo en el que la Fiscalía buscará comprobar la responsabilidad penal de los implicados. El artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona la extorsión con penas de entre tres y cinco años de cárcel. Mientras que para menores, el Código de la Niñez y Adolescencia contempla medidas socioeducativas, incluida la privación de libertad con enfoque restaurativo.
En Jipijapa, varios locales comerciales han reabierto tras las detenciones. Sin embargo, otros permanecen cerrados. Comerciantes temen que las amenazas vuelvan con otros actores. Por ahora, cuatro personas están detenidas por este caso, entre ellas, un adolescente con una causa penal abierta.
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