Los funcionarios públicos despedidos empezaron a recibir sus notificaciones la noche del jueves 24 de julio de 2025. Según el noticiero Televistazo, 50 empleados de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) ya fueron informados de su desvinculación.
Entre ellos hay asistentes técnicos, analistas, asistentes, especialistas e incluso jefes de seguros, seguridad, y gestión.
El Gobierno de Ecuador anunció que 5.000 servidores públicos serán desvinculados, principalmente por no cumplir con las necesidades institucionales y obstaculizar el funcionamiento del Estado.
La vocera Carolina Jaramillo explicó que estos despidos afectan al Ejecutivo, personal administrativo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pero que no se removerá a médicos, docentes, policías ni militares.
Además, el presidente Daniel Noboa defendió la medida, afirmando que el Gobierno busca trabajar con personas comprometidas con Ecuador y dispuesto a cambiar el país. «El que no, fuera», publicó en sus redes sociales.
Contexto y alcance de los despidos
Los despidos de funcionarios públicos obedecen a la supresión de puestos en la función pública, regulada por una nueva normativa técnica emitida el 24 de julio por el Ministerio de Trabajo.
Esta normativa permite las desvinculaciones por razones técnicas, funcionales, económicas y de innovación u optimización administrativa. Jaramillo añadió que el proceso incluye la fusión de Ministerios y secretarías de Estado para optimizar la estructura gubernamental.
A partir del 2026, se realizarán evaluaciones semestrales para asegurar que el talento público cumpla con los objetivos institucionales. Los que no pasen dichas evaluaciones también podrán ser desvinculados. Asimismo, se abrirán nuevas convocatorias para jóvenes interesados en trabajar en la administración pública con un compromiso real hacia la ciudadanía.
Reacciones
El proceso ha generado controversia, ya que gremios como la Unión Nacional de Educadores (UNE) han alertado sobre la inestabilidad laboral y la falta de transparencia en los despidos masivos. Denuncian que la reforma a la Ley de Integridad Pública habilita despidos sin una adecuada planificación de recursos humanos ni garantías de indemnización inmediata.
Por su parte, el Gobierno asegura que cada funcionario tiene un informe personal que justifica la supresión del puesto, especialmente si obstaculizaba la eficiencia del Estado. Esta decisión marca una estrategia para renovar y mejorar el funcionamiento del sector público, priorizando eficiencia y compromiso con la sociedad.
