Un Juez de Garantías Penales de la Unidad Judicial con sede en Esmeraldas dictó prisión preventiva para cuatro ciudadanos, identificados como presuntos integrantes del grupo delictivo "Los Tiguerones".
Los procesados son Brayan V., alias "El Chino", su conviviente Karol Ch., Adolfo A., alias "Morenillo" o "El Niño", y José M., alias "El Gato", quienes enfrentan cargos por el delito de extorsión.
Operativo en flagrancia y denuncias ciudadanas
La desarticulación de esta presunta célula delictiva se produjo tras una efectiva intervención de la Policía Nacional en flagrancia.
La acción policial fue motivada por las alertas de familiares de varios conductores de mototaxis, quienes denunciaron ser víctimas de actos de extorsión sistemáticos.
Según las investigaciones preliminares, los sospechosos exigían el pago de 6 dólares semanales a los trabajadores del volante a cambio de no atentar contra su vida y permitirles laborar en el sector de San Rafael.
#ATENCIÓN | #Esmeraldas: #FiscalíaEc procesa a 4 personas por su presunta participación en el delito de #Extorsión, cometido contra conductores de mototaxis mediante amenazas.
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 26, 2026
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Este esquema de intimidación no era reciente. Los informes judiciales señalan que estos hechos se habrían registrado de forma ininterrumpida durante aproximadamente dos años. En este periodo, los hoy procesados habrían utilizado el miedo como principal herramienta, amenazando con asesinar a las víctimas o a sus familiares, además de sustraerles sus motocicletas, que constituyen su principal sustento económico, en caso de que se negaran a cumplir con las exigencias económicas.
El rol de alias "El Gato" y los distintivos de la banda
Para ejecutar el operativo, personal especializado de la Unase, en coordinación con la DGI y el GOM, se trasladó al sector señalado por los denunciantes.
En el sitio, los agentes tomaron contacto con una de las víctimas, quien detalló que los cobros se realizaban puntualmente cada viernes. En esta ocasión, el dinero fue entregado directamente a José M., alias "El Gato", lo que permitió rastrear su ubicación inmediata.
Un detalle particular revelado por la investigación es el método de control que utilizaba la organización. De acuerdo con la Fiscalía, el grupo delictivo colocaba distintivos adhesivos de color verde y amarillo en las unidades de quienes accedían a realizar los pagos.
Estas pegatinas incluían la leyenda "Jehová es mi pastor", funcionando como un salvoconducto visual para que los conductores no fueran molestados por otros integrantes de la banda en la zona.
Allanamientos, evidencias y conexiones desde la cárcel
Tras ubicar a José M. en el sector Voluntad de Dios a bordo de una motocicleta roja, la Policía halló en su poder dinero en efectivo y un teléfono celular. Al ser interrogado, el sospechoso confesó que las actividades ilícitas eran coordinadas por alias "El Chino" y su pareja.
Esto llevó a los uniformados al sector 31 de Mayo, donde, tras un intento fallido de huida por parte de los sospechosos, se logró la captura de la pareja en posesión de cuatro celulares y una lista con datos de las víctimas.
Durante el registro del inmueble, específicamente en el dormitorio, los agentes descubrieron 360 dólares en efectivo ocultos dentro de un colchón, además de dos cuadernos con registros detallados de los pagos y contactos de las personas extorsionadas.
En sus declaraciones iniciales, alias "El Chino" admitió que parte de la recaudación estaba destinada a Adolfo A., alias "Morenillo", quien actualmente se encuentra recluido en el Centro de Rehabilitación Social de Esmeraldas por tráfico de drogas, evidenciando que la red operaba incluso desde el interior del sistema penitenciario.
Marco legal y medidas de protección
Con base en la contundencia de los elementos presentados, la Fiscalía General del Estado formuló cargos por el delito de extorsión, tipificado en el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Debido a las agravantes presentes en este caso, se aplican los numerales 1 y 2 del tercer inciso, lo que podría derivar en una pena privativa de libertad de siete a diez años (26)