El asambleísta por la provincia del Guayas, Ferdinan Álvarez, presentó un proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para combatir las telecomunicaciones no autorizadas que operan desde los centros de privación de libertad. La iniciativa fue ingresada en el sistema de Gestión Documental de la Asamblea Nacional.

El proyecto propone reformas a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley Orgánica de Inteligencia. El objetivo es fortalecer la capacidad del Estado para neutralizar comunicaciones ilícitas, indicó el asambleísta. 

Uso de cárceles como centros de coordinación delictiva

En la exposición de motivos, Ferdinan Álvarez señala que organizaciones criminales han aprovechado deficiencias en el control de las telecomunicaciones dentro de los centros penitenciarios. Estas falencias habrían permitido coordinar extorsiones, sicariatos, lavado de activos y otros delitos de alto impacto social, explicó. 

De acuerdo con el documento, el uso indebido de dispositivos móviles ha convertido a algunas cárceles en puntos de operación criminal. Esta situación ha sido advertida en investigaciones oficiales que vinculan delitos cometidos fuera de prisión con órdenes emitidas desde el interior de los recintos.

Vinculación con la política de seguridad del Ejecutivo

Álvarez indicó que la iniciativa es complementaria a la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado. Según explicó, desde los centros de privación de libertad se han ordenado crímenes que afectan directamente a la ciudadanía.

El legislador sostuvo que la falta de control tecnológico ha facilitado que personas privadas de libertad mantengan comunicación constante con estructuras delictivas externas, lo que refuerza la necesidad de un marco legal más riguroso.

Coordinación interinstitucional en la elaboración del proyecto

El proyecto fue revisado con el Ministerio del Interior y con el órgano rector de las telecomunicaciones antes de su ingreso a la Asamblea. Este proceso permitió incorporar criterios técnicos y jurídicos relacionados con la aplicación de las medidas propuestas.

Según informó el asambleísta, la revisión buscó asegurar que las disposiciones planteadas sean operativas y compatibles con los sistemas de control existentes, así como con los derechos de terceros fuera de los centros penitenciarios.

Agravantes penales por delitos ordenados desde prisión

Entre las reformas planteadas consta una modificación al Código Orgánico Integral Penal. El texto propone que, cuando se determine que un delito fue ordenado desde un centro de privación de libertad, la pena se incremente en un tercio.

Esta agravante penal busca desincentivar el uso de las cárceles como espacios de planificación delictiva y reforzar la responsabilidad penal asociada al uso de telecomunicaciones ilícitas.

Cinco acciones para reforzar el control tecnológico

La iniciativa plantea cinco ejes centrales: declarar a los centros penitenciarios como zonas de seguridad en telecomunicaciones; autorizar la instalación de inhibidores selectivos y sistemas de acceso gestionado hookup; obligar a las operadoras a cooperar en la restricción y trazabilidad de señales; tipificar agravantes penales; y fortalecer la inteligencia penitenciaria y la coordinación interinstitucional.

En este marco, las operadoras deberán implementar, a requerimiento de la autoridad competente, medidas técnicas para controlar o limitar el tráfico de comunicaciones dentro de los centros de privación de libertad, exclusivamente para combatir telecomunicaciones no autorizadas.

Inhibidores selectivos y alcance de la propuesta

El proyecto también autoriza la instalación de inhibidores selectivos de señal bajo parámetros técnicos que eviten interferencias a terceros. La medida apunta a garantizar el control de comunicaciones ilícitas sin afectar a la población cercana a los recintos (24).