La Justicia Federal de Argentina procesó este 10 de julio de 2025 al expresidente Alberto Fernández (2019-2023) por presuntas irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos en Buenos Aires. Según se indicó, estarían relacionadas con un decreto que habría favorecido a intermediarios cercanos, generando millonarias comisiones.
El juez federal de Argentina, Sebastián Casanello, dictó el procesamiento de Alberto Fernández por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, que según el Código Penal argentino conlleva una pena de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos.
Son 34 los involucrados
Además, se procesó a otras 33 personas, entre ellas Héctor Martínez Sosa, corredor de seguros y esposo de María Cantero, exsecretaria privada de Fernández, y Alberto Pagliano, exjefe de Nación Seguros, por cargos como administración fraudulenta agravada e incumplimiento de deberes.
El caso se centra en el decreto 831, firmado por Fernández en diciembre de 2021, que obligaba a los organismos públicos a contratar seguros con Nación Seguros, empresa estatal del Banco Nación. Según la investigación, este decreto permitió que intermediarios, como Martínez Sosa, obtuvieran comisiones que alcanzaron los 2.250 millones de pesos (cerca de 1,5 millones de euros en 2025) entre 2020 y 2023, representando el 60% de las comisiones pagadas por la aseguradora.
Denuncia en el 2024
La denuncia, presentada por la abogada Silvina Martínez en febrero de 2024, derivó en una pesquisa que reveló un supuesto esquema para beneficiar a personas cercanas a Fernández. El juez Casanello ordenó un embargo preventivo de 14.634 millones de pesos (unos 9,9 millones de euros) sobre los bienes del expresidente. La investigación también incluyó allanamientos a las oficinas de los intermediarios y análisis de contratos estatales, destacando 45 contratos suscritos entre el Estado y Nación Seguros.
El caso, conocido como “causa Seguros”, marca el primer procesamiento por corrupción contra Fernández, quien también enfrenta una investigación por violencia de género contra su expareja, Fabiola Yáñez, iniciada tras el análisis del teléfono de Cantero.
Próximos pasos judiciales
El procesamiento no implica prisión preventiva, pero Fernández y los demás acusados deberán presentar pruebas y argumentos antes de que la causa avance a juicio oral. La Justicia continuará investigando posibles perjuicios patrimoniales al Estado, mientras se espera que Fernández, quien ha defendido su inocencia, se pronuncie públicamente sobre el fallo.
La trama ha generado indignación entre la ciudadanía, que percibe este caso como un ejemplo más de irregularidades en la gestión pública. Los organismos públicos afectados, según el fallo, incluyen dependencias clave que contrataron seguros a través de intermediarios, lo que habría generado un perjuicio económico estimado en 300 millones de dólares. (35)
