La Audiencia Nacional ha dado luz verde a la extradición de William Joffre Alcívar, alias ‘Comandante Willy’, a Ecuador, donde será juzgado por su presunta participación en el asalto armado al canal TC Televisión en enero de 2024. La entrega está sujeta a que Ecuador garantice el respeto a los derechos fundamentales del detenido, ante la situación de violencia que afecta al sistema penitenciario del país andino.

Análisis de los hechos y cargos imputados a Comandante Willy

William Joffre Alcívar, considerado uno de los jefes del grupo criminal ecuatoriano ‘Los Tiguerones’, es reclamado por las autoridades ecuatorianas como uno de los implicados en la toma violenta del canal TC Televisión, en Guayaquil, el pasado 9 de enero de 2024.

Durante el asalto, que ocurrió en plena transmisión en vivo, un grupo armado irrumpió en las instalaciones del medio de comunicación, neutralizó al personal, y amenazó con armas de fuego y explosivos a los presentadores. Según el expediente judicial, uno de los comunicadores fue forzado a pedir clemencia de rodillas, mientras le colocaban explosivos en su chaqueta.

El hecho se enmarcó en una ola de violencia nacional, atribuida a organizaciones criminales calificadas como terroristas por el gobierno ecuatoriano.

Argumentos de la defensa y decisión judicial

Durante la vista de extradición celebrada en junio de 2025, Alcívar se opuso a su entrega alegando que su vida correría peligro en Ecuador. Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional consideró que los hechos encajan en un delito de terrorismo, tipificado en la legislación ecuatoriana y equiparable al Código Penal español.

Los magistrados desestimaron todos los argumentos de la defensa, incluyendo la supuesta naturaleza política del delito y la existencia de riesgo de trato inhumano, aunque reconocieron que existen circunstancias excepcionales en el sistema penitenciario ecuatoriano.

Garantías exigidas a Ecuador

La extradición de ‘Comandante Willy’ fue condicionada a la presentación de garantías por parte del Estado ecuatoriano. En concreto, se exige que, en un plazo de tres meses, Ecuador adopte medidas concretas recomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar el derecho a la vida e integridad personal de los reclusos.

Asimismo, España solicita información verificable sobre la normalización de la situación en los centros penitenciarios, conforme a los estándares de organismos de observación internacionales de derechos humanos.

Esta no es la primera vez que la Audiencia impone tales requisitos. En un procedimiento anterior contra el mismo reclamado, ya se advirtieron las deficiencias estructurales del sistema carcelario ecuatoriano y el riesgo real para los derechos fundamentales de los detenidos.

Comandante Willy, líder de Los Tigueronnes

Desde 2021, Ecuador ha enfrentado una grave crisis penitenciaria, con múltiples motines, asesinatos de reclusos y enfrentamientos entre bandas al interior de los centros de detención. Organismos como la CIDH y la ONU han emitido alertas internacionales sobre la situación, instando al Estado ecuatoriano a aplicar reformas urgentes.

‘Los Tiguerones’, organización a la que supuestamente pertenece Alcívar, ha sido identificada como uno de los grupos responsables de estos hechos. En enero de 2024, el gobierno ecuatoriano declaró un conflicto armado interno, permitiendo la intervención militar en las cárceles y en operaciones de seguridad interna.

La aprobación de esta extradición representa un paso judicial relevante, pero también deja en evidencia los desafíos en torno a la cooperación penal internacional cuando existen riesgos de violaciones a los derechos humanos.